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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) presentaron este martes una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones Asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, ya que «criminalizan coberturas de presa sobre pandillas», pues hace prohibiciones generales que violentan el derecho a la libertad de información de todos los salvadoreños.
Las argumentaciones de la inconstitucionalidad son tres, una de forma y dos de fondo. La primera porque han sido aprobadas con un procedimiento indebido, pues toda ley de carácter permanente, según el artículo 140 de la Constitución de la República tiene que entrar en vigor ocho días después de su aprobación y publicación en el Diario Oficial, pero en este caso, han entrado en vigor a partir de el día de su publicación.
Otro motivo de la inconstitucionalidad se debe a que las reformas promueven una limitación absoluta de derechos, particularmente sobre el ejercicio periodístico, pero también al derecho de cualquier ciudadano a informarse debidamente, pues la libertad de información se violenta para la prensa, ya que se les prohíbe de manera expresa a los medios de comunicación «la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas».
«Esto podría implicar que cualquier ciudadano, particularmente los periodistas puedan ser procesados por informar y por cumplir una obligación social, pero también por promover un derecho que la misma ciudadanía tiene, que es estar debidamente informada», comentó Ruth Eleonora López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal
