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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones que acompañan a las víctimas del régimen de excepción presentaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucional al decreto que establece que durante el régimen se puedan imponer condenas de forma masiva; es decir, no se podrá individualizar los casos, por lo que, los inocentes podrían ser condenados sin pertenecer a pandillas.
Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), dijo que la inconstitucional responde a que las disposiciones transitorias y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, “va a permitir condenar colectivamente a muchas personas que son inocentes; al final, los que van a salir afectados son las personas que no han sido condenados después de año y medio de estar detenido. Para los criminales ya se dedujo que son criminales y ya están en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)”.
Dicho decreto es atentatorio contra las personas inocentes que han sido capturadas bajo el régimen de excepción plantearon las organizaciones sociales acompañados de los familiares de las víctimas. “El régimen (Gobierno) ya quiere quitarse esa carga de encima, de que hay mucha gente presa y no ha sido condenada, esa ley es perversa y arbitraria porque quieren condenar a mucha gente inocente”.
“Ahora resulta que, si en una comunidad X pandilla controlaba y esa pandilla cometió un delito, esa persona que vivía ahí, también se le va a culpar por ese delito”, planteó Samuel Ramírez.
La abogada Roxana Cardona dijo que la demanda es para el D.L 803, “es una ley pequeña de seis artículos, pero totalmente criminal; esa ley conlleva agrupar a todos los inocentes con los pandilleros, no habrá la individualización”. Este decreto fue aprobado el 25 de agosto de este año.
Otras de los aspectos de la ley, es que, se viola el principio de la seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, “porque esta ley no tiene que ser retroactiva, y, sin embargo, el Estado sigue incumpliendo”, comentó Cardona.
El régimen de excepción fue impuesto desde el 27 de marzo de 2022, para presuntamente combatir a las pandillas, pero ha servido para cometer violaciones a derechos humanos.
