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Gabriela Sandoval
@Garbriela_Sxndo
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) presentaron este lunes una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), por los desalojos que afectaron a comerciantes de la Costa del Sol.
El abogado Rudy Joya, de UNIDEHC, solicitó a la procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, que investigue los desalojos que dejaron a 25 comerciantes sin sus negocios.
“Fueron desalojados arbitrariamente hace una semana de la Costa del Sol (…) venimos especialmente para que la Procuradora de Derechos Humanos active sus oficios y las diligencias correspondientes para resarcir los daños y derechos humanos vulnerados a todas estas familias y comerciantes”, expresó Joya.
Marisela Ramírez, dirigente del BRP, comentó que es fundamental que la PDDH asuma su papel como “defensora del pueblo” ya que la instancia fue creada para ser contralora del ejercicio de la libertad de todos los derechos humanos de la población salvadoreña. “Últimamente hemos visto un incremento en la garantía de los derechos y no vemos una figura que esté abogando para que se pueda llevar a cabo la libertad del ejercicio de estos derechos”, afirmó.
Los comerciantes denunciaron que, desde el viernes 10 de mayo por la noche, personal de la alcaldía, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del CAM los desalojaron de sus puestos en la playa, luego destruyenron y quemaron sus pertenencias.
Estos desalojos fueron ordenados por la alcaldía de La Paz Centro, cuando emitió un comunicado en el cual mencionó que en 24 horas debían desalojar “voluntariamente” las ramadas. Estos argumentos se basaron en una orden judicial emitida por el Juzgado Ambiental de San Salvador que relataba que los comercios no contaban con los permisos medioambientales y de construcción.
María Consuelo, una de las afectadas, recalcó que desde el día del desalojo y quema de sus puestos, las autoridades no han ofrecido ningún tipo de remuneración por los daños económicos y psicológicos.
“Estamos pidiendo que nos respondan por los daños causados (…) por ahora no han llegado a decirnos nada desde el viernes 10 de mayo, no ha llegado nadie a decirnos nada ni a decirnos que nos van a resolver por los daños causados tanto materiales como psicológicos”, dijo.
Joya subrayó la importancia de activar los mecanismos legales para defender los derechos de los ciudadanos. Además, exigió una investigación exhaustiva, ya que hasta el momento a los comerciantes no se les ha brindado respuesta de cómo serán reubicados o indemnizados.
“Hemos venido a activar los mecanismos de derechos humanos que todo ciudadano tiene para poder defender sus derechos y exigirle en este caso a la procuradora que actúe diligentemente”, enfatizó.
En este contexto, el pasado 14 de mayo, luego de dos días de que la comuna diera órdenes de quemar las ramadas, el entonces alcalde Armando Jirón y el jefe de catastro de la alcaldía, César Augusto Ticas González, fueron capturados por la Policía Nacional Civil y acusados por el delito de contaminación ambiental. “Capturamos en flagrancia a Armando Jirón, alcalde de La Paz Centro por el partido GANA, por el delito de contaminación ambiental, tras ordenar la quema de decenas de ramadas, puestos de venta y el mobiliario de los mismos, en la playa Costa del Sol”, afirmó la PNC en su cuenta de X.
Luego de la captura de Jirón, el Concejo Municipal de La Paz Centro revocó el 17 de mayo el nombramiento de Miriam Minero, como alcaldesa interina de La Paz Centro, quien había sido designada en el cargo el martes anterior.
El concejo eligió como nuevo alcalde interino a Amílcar Efigenio Arias, del partido GANA. Pese a la nueva administración, los comerciantes afirmaron que la comuna hasta el momento no les ha ofrecido opciones de reubicación en ningún sitio.
En total fueron 25 denuncias que forman parte de las quejas de más de 50 comerciantes afectados por los desalojos en la Costa del Sol. Además, los afectados exigieron una investigación que resuelva los daños y promueva la justicia, ya que, aunque el alcalde fue capturado, nadie ha abordado las afectaciones que tuvieron los comerciantes.
De igual manera, Ramírez aseguró que el BRP “se suma a otras denuncias” como las de la zona oriental del país, específicamente en La Unión, donde, según la dirigente social, se han dado apropiaciones de terrenos de familias que están siendo desalojadas.
“Siempre es por el tema de la construcción de megaproyectos que también está impulsando el Gobierno (…) ¿a dónde quedan los derechos humanos, a dónde queda la libertad del ejercicio del derecho? Acá solo viene una pequeña muestra de procesos de desalojos que han venido sucediendo desde el año pasado”, concluyó.
