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Denis Muñoz, abogado defensor y abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, presenta un escrito de Hábeas Corpus a favor de la libertad de los cinco ambientalistas de ADES y Santa Marta, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto Diario Co Latino/@labrujula_rev.

Presentan “Hábeas corpus” para los cinco ambientalistas de Cabañas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Denis Muñoz, abogado defensor, y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, presentaron un escrito de Hábeas corpus a favor de los cinco ambientalistas de ADES y Santa Marta, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a fin de que sean liberados.

“Esta mañana hemos presentado una solicitud de Hábeas corpus por privación de libertad de las cinco personas detenida el 11 de enero de este año. El Habeas corpus es una figura que contempla la Constitución de la República en sus artículos 11 y 12… está muy cargado de motivos pertinentes sobre la captura de estas personas que han sido privadas de libertad en este caso particular”, señaló Denis Muñoz, abogado defensor.

La figura del “Hábeas corpus” se define legalmente como un “procedimiento que protege la libertad de las personas, cuando han sido amenazada de forma ilegal por una autoridad. Y si está en la cárcel, cuando se agravan las condiciones de su encierro”. Este Hábeas corpus se presentó para los defensores ambientalistas y líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro García, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, quienes cumplieron cinco meses en detención provisional.

Entre los motivos que articulan el escrito, agregó Muñoz, está la salud de sus defendidos, cuyas solicitudes por verificar su estado “han sido desoídos por los Tribunales de Vigilancia (penitenciaria)”, así como de la Dirección General de Centros Penales.

“Otro de los argumentos es la misma privación de libertad que decretó el 19 de enero del presente año el Juzgado de Paz de Victoria (Cabañas) que consideramos no es proporcional ni pertinente para la privación de libertad de las cinco personas defensoras del medio ambiente”, sostuvo.

“Creemos aún que se pueden enmendar (Sala de lo Constitucional) en el sentido que se debe decretar la inmediata libertad de las personas detenidas pero, sobre todo, porque hemos esgrimido y expuesto motivos que tienen que ver con el derecho internacional”, alegó Muñoz.

Mientras, Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, reiteró que existen criterios de organismos internacionales sobre derechos humanos y opiniones de personas expertas en esta materia que establecen la “detención provisional” de las personas como una excepción y no la regla.

“En el Informe de Naciones Unidas en El Salvador, (ONU), presentado en septiembre del año 2022, que afirma que existe la tortura en El Salvador, y que no lo puede negar el Estado de El Salvador, también -reconoce- que está abusando de la detención provisional. Ya que por sí, la detención provisional constituye una mera tortura porque no está cumpliendo con los verdaderos parámetros del derecho penal”, argumentó.

“El derecho penal en todos los países del mundo establece que la detención provisional debe ser la excepción. Y si impone permanentemente una detención provisional lo que hace es aplicar una condena anticipada. El escrito tiene suficiente criterios y opiniones y los magistrados de la Sala de lo Constitucional deben razonar bien sus posiciones o les llamaría -ordenanzas del Ejecutivo-”, reafirmó el coordinador de Tutela Legal MJH.

Igualmente, Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, reiteró que el argumento del escrito de Hábeas corpus, presentado ante la Sala de lo Constitucional, demanda el respeto a la condición como “personas defensoras” de estos líderes comunitarios, a partir, de las afirmaciones de sus propios compañeros que señalan que durante el proceso judicial han visto “una línea más política”, que de aplicación de justicia.

“Se han tomado la detención permanente de estos cinco defensores, cuando en las respuestas del Tribunal y la Cámara no encontramos motivación, no hay detalle porque se mantiene la detención permanente”, alegó.

“Nosotros también hemos notado que la Sala de lo Constitucional está respondiendo a los Hábeas Corpus, con argumentos generales y técnicos, que no tienen nada que ver y no conocen realmente las violaciones que les planteamos. Sólo dicen que son -asuntos de mera legalidad- y eso se está dando en el régimen”, indicó Díaz.

Asimismo, lamentó que la actuación de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con los Hábeas Corpus, sólo esté quedando como un recurso nulo e inefectivo en el país.

“Esperamos con lo planteado en el escrito se logre una respuesta favorable, porque lleva anexos la situación de los ambientalistas y la respuesta de los tribunales. Y que reaccionen rápido en la resolución, porque hay un término de ley – nosotros como Tutela Legal- hemos recibido respuestas de Hábeas corpus un año después (de presentadas) y eso no puede ser”, manifestó.

“Le solicitamos a la Sala de lo Constitucional (CSJ) que responda de manera expedita a este escrito de Hábeas Corpus para que dé la libertad a los cinco ambientalistas detenidos, que son defensores de derechos humanos con una amplia trayectoria”, subrayó Díaz.

Como representante de la Comunidad Santa Marta y de ADES, Alfredo Leiva, añadió que seguirán en la lucha por la libertad de sus cinco compañeros capturados de forma arbitraria por orden de la Fiscalía General de la República, quienes se comprometieron ese 11 de enero, que no serían sometidos a las condiciones del “régimen de excepción”, pero no lo cumplieron.

“Nosotros estamos acompañando a los abogados como comunidad Santa Marta y ADES, esperando que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia corrijan los errores cometidos por los juzgados respectivos como el de Paz de Victoria y el de Primera Instancia de Sensuntepeque. Queremos que les corrijan esos errores de la detención de los compañeros”, expresó.

“La detención no aplica -porque- por un lado, el caso es bien débil (pruebas) y porque hay condiciones de salud y equidad que no corresponden a este caso, entonces, una vez más, exigimos al Sistema Judicial que se apegue a derecho y que resuelva de acuerdo a los procedimientos legales”, puntualizó Leiva.

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