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Gloria Silvia Orellana
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A 42 años de la Masacre El Mozote y lugares aledaños, los abogados Ovidio Mauricio González y Alejandro Díaz, de Tutela Legal “Dra María Julia Hernández”, junto a representantes del Centro Pro Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) y CRISTOSAL, presentaron su informe en el marco de la Audiencia Privada de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia en el Caso la Masacre de El Mozote y sitios aledaños versus El Salvador (2012).
“Hace un año se solicitó la audiencia ante la Corte IDH. Fue a principios del 2023, cuando se visitó la Corte IDH y después se presentó un escrito pidiendo la audiencia de seguimiento de El Mozote, especialmente la parte jurídica, entonces, un año después, nos dieron la audiencia”, señaló Alejandro Díaz.
Díaz aclaró que de las 16 medidas de cumplimiento de la sentencia, la Corte IDH retomó sólo 7 de ellas (ver listado en página aparte), para presentar sus informes como lo hizo el Estado de El Salvador.
La petición de la audiencia con la Corte IDH fue realizada por Tutela Legal MJL y APDHEM, luego de la destrucción de la “concha acústica, uno de los sitios memoriales del caserío. Y de esta gestión obtuvieron del Magistrado Eduardo Ferrer Mc gregor una “carta resolución” en la que pedía explicaciones sobre esta acción gubernamental en el contexto de cumplimiento de las reparaciones por la Masacre de El Mozote y sitios aledaños.
“En los últimos informes realizamos bastante relación de las obras inconsultas, de la falta de diálogo que está haciendo el Estado salvadoreño con las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, y luego pidieron información al Estado, estas recomendaciones están más en la parte judicial”, acotó Díaz.
“Recordemos que hay una resolución de la Corte IDH, en donde implementaron medidas reforzadas, en donde el Estado tiene que informar cada 3 meses a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el avance. Y sabemos, como las víctimas, que no han cumplido, pero serán los magistrados, quienes decidan y emitan una recomendación después de los argumentos de ambas partes”, manifestó.
En cuanto al informe presentado, Díaz señaló que fueron específicos con los datos de incumplimiento, por tanto, dudaban -como todos los peticionarios- que el gobierno “trate de controvertir”, lo expuesto ante la Corte IDH, como el señalamiento de la “negligencia del Estado ” por su demora en cumplir los compromisos con las víctimas.
“Quizás uno de los señalamientos es que es el gobierno que ha cumplido menos, con las recomendaciones de la Corte IDH. Y que utiliza mediáticamente este caso, y que no tiene una buena relación o diálogo con las víctimas y sus representantes que estamos ante la Corte”, resumió.
“Y es que la sentencia -lo dice-, todo tiene que ser consultado con las víctimas. Y si él (presidente Bukele) realiza una obra y considera que es una medida realizada, pues no es así , eso no significa que que cumplió la recomendación concertada por la Corte IDH”, indicó Díaz.
Díaz agregó, que la petición de la Audiencia ante la Corte, fue por las quejas de las víctimas, que denunciaron la destrucción de ciertas obras consideradas sitios de memoriales que honran a sus familiares.
“Realmente, no ha hecho más que otros gobiernos y lo que hacen, lo están haciendo mal, porque han dejado de lado a la APDHEM, que es la base en donde se encuentran las víctimas sobrevivientes y ahora han creado otro grupo de correligionarios que andan en otras acciones y eso es irresponsable”, admitió Díaz.
Por su parte, Ovidio Mauricio González comentó, entre otras omisiones graves del Estado salvadoreño, la realización de obras solamente en el casco urbano de El Mozote, dejando sin obras a otros caseríos que involucran a los “lugares aledaños” a la masacre de El Mozote de 1981.
“Tenemos varios caseríos de tres municipios. En donde las calles no sirven, son intransitables, tampoco tienen proyectos de tuberías de agua o servicio de electricidad. Hay lugares abandonados de estos proyectos como Yancolo, Cerro Ortiz, La Joya . Y también en la cobertura de salud no hay médicos o enfermeras, sólo en El Mozote”, prosiguió González.
“El presidente Nayib Bukele llama este proyecto El Mozote, una ciudad transformada, pero sabemos de testimonios de la gente que no está de acuerdo que sea destino turístico, por lo que prefieren que sea de memoria histórica. Nos han comentado que van a construir una serie de edificios para comercios, y realmente esa no es la visión de la gente ni mucho menos de la sentencia de la Corte IDH”, sostuvo Mauricio González.
En cuanto al proceso judicial que se realiza en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Ovidio Mauricio afirmó que estaba “atrasado” y que después de la salida obligada del Juez Jorge Guzmán el proceso judicial no ha avanzado a la vista pública.
“Ellos (Estado) dicen que han cumplido el 95% de todas las recomendaciones, pero para mí, el 95% de esto es el juicio y el 5% es todo lo demás. Y si sumamos el otro tema que denunciamos desde 1990, con las familias que salieron de El Mozote que registramos en ese momento 29, ahora tienen el problemas de asentarse en sus terrenos en la actualidad”, acotó.
“Nosotros teníamos un registro primario con nombres de víctimas sobrevivientes, de muertos y desplazados del lugar, entonces, la sentencia de la Corte (IDH), señaló que había que generar condiciones para que la gente regresara y por esto presentamos el caso de la familia Argueta, que fueron expropiados de su terreno para una planta de tratamientos de agua”, acotó Mauricio.
Igualmente, el tema de la inscripción al registro oficial de las víctimas de El Mozote y lugares aledaños, explicó Ovidio Mauricio, es un problema complejo, y comparte la opinión del presidente de APDHEM, Leonel Claros, quien sostuvo una extrema exigencia de documentación, para incorporarse al registro”, que lleva inconcluso más de tres décadas.
“Hay muchos obstáculos para incorporarse y obtener la identidad y así poder entrar al registro oficial. Hubo una ley en el año 2022, que era justamente para agilizar eso, pero no pasó a más, no ayudó en nada a la gente por tanta tramitología”, expresó.
“Nosotros criticamos esa ley porque las víctimas necesitaban buscar un notario para empezar el proceso lo que implicaba gastos, porque ningún notario hará eso de gratis. Luego, la Procuraduría General de la República se reunió con gente de El Mozote, y acordaron un convenio para que no incurrieron en gastos, pero no pasó nada”, añadió Mauricio.
De estos casos de recuperar sus documentos de identificación, la directiva de APDHEM registró solamente 8 casos resueltos con esa ley aprobada en 2022, de un total de 400 casos presentados ante la Procuraduría, que al final no fueron tramitados directamente, sino desde un proyecto de la Unión Europea (UE), que realizó a través de GEMYES. “Si hablamos con algunas personas que están con un proceso en la PGR, te van a decir que tienen años con esos procesos pendientes. Y ahora, si imaginas movilizar a todas estas personas desde El Mozote hasta Procuraduría en Morazán, sería la de no acabar”, expresó.
Es un proceso complejo. La persona puede tener la declaración jurada y de sus testigos, después debe notificar al Síndico de la Alcaldía Municipal -ahora ni sabemos a quién deberá notificarse-, luego pasa al Registro Nacional de la Persona Natural (RNPN), y no sabemos cuando resolvería el RNPN, porque no lo hace de inmediato ni el Síndico de la alcaldía, manifestó Mauricio.
Sobre el conflicto armado intern de la década de los años ochenta, El Salvador registró 32 casos paradigmáticos de graves violaciones a derechos humanos, que documentó el Informe de la Comisión de la Verdad: De la Locura a la Esperanza, en donde se constató que el 85% de estos hechos de violencia fueron cometidos por las fuerzas armadas y el gobierno en turno.
Otra deuda con las víctimas es el “levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro”, que según Alejandro Díaz es una tarea pendiente de la Fiscalía General de la República, porque tiene el monopolio de la investigación. Lo cual, nunca se ha hecho ni por otras entidades gubernamentales relacionadas a estos procesos.
En cuanto a las expectativas de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de la presentación de argumentos de ambas partes, Díaz consideró que estos pueden tomar varias semanas para ser informados sobre la decisión de la Corte IDH.
“Si la Corte da una resolución luego de analizar nuestro informe y el del Estado, serán ellos los que determinen si habrá nuevas disposiciones o aceptan lo presentado por el Estado. Claro, pensamos que habrá nuevas disposiciones porque es una sentencia y la evidente falta de avances en el proceso judicial a 42 años de El Mozote y lugares aledaños”, dijo.
