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@GloriaCoLatino
Moisés Batres, diagnosis de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), junto a FunsalProdese, presentó un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad de 124 comunidades, en 31 municipios, con la norma “Visión de Primera Línea” (VPL) que compila conocimientos y experiencias de las personas que residen en la zonas afectadas.
“Los desastres no son naturales, es una construcción social del hombre, por un modelo económico; y si bien es cierto el país ha bajado su categorización a nivel de riesgo, sigue siendo un país vulnerable”, explicó. La presentación del informe “Perfilando y Fortaleciendo la Resiliencia Comunitaria desde la Visión de Primera Línea” realizada por la MPGR- Funsal-prodese, articula una base de datos y observaciones sobre las condiciones de vulnerabilidad de los grupos poblacionales en específico mujeres, niñez y adultos mayores.
La “Visión de Primera Línea” aclaró Batres, es un sistema de ordenamiento de datos particulares de pobladores (edad, sexo y factores socio-económicos) que pueden utilizarse en el análisis para formación de políticas, planes y proyectos locales, ya sean nacionales, regionales o mundiales a fin de reducir los riesgos de desastres y la adaptación al Cambio Climático.
“El Índice de Riesgo Climático Global/Germanwatch ha ponderado las últimas acciones del gobierno en materia ambiental y ahora, lo ubica en la posición 14, pero no podemos dejar de reflexionar sobre cada una, de las amenazas que están presentes.
El fenómeno del oleaje alto dejó más de 400 familias en situación de exposición y mayor vulnerabilidad, mientras en otras zonas será la sequía y en otras los deslizamientos”, consideró.
Sobre el oriente del país, específicamente los municipios de Berlín, Mercedes Umaña y Alegría la investigación documentó que alrededor del 70% de las familias tienen medios de vida vulnerables, lo que eleva su situación de riesgo.
“Un hallazgo general es que, la vulnerabilidad tiene a la base los modelos de desarrollo que son insostenibles, por lo que el gobierno debería retomar la filosofía del Buen Vivir para ejecutar cambios estructurales, para tener una gestión integral de riesgo y sustentabilidad ambiental”, explicó.
En cuanto al trabajo de las Carteras de Estado de Medio Ambiente, Obras Públicas y Educación, Batres reconoció avances importantes como los marcos jurídicos, aunque consideró que aún falta mayor aplicación de las normativas.
“Como puede ser que muchos alcaldes no conocen la ley de Protección Civil, que fue aprobada en el año 2005, o no acatan las directrices de las autoridades nacionales, lo que vulnera la situación para los pobladores”, indicó.
Xiomara Rivas habló sobre los retos de las autoridades locales y nacionales ante la situación de vulnerabilidad, Cambio Climático y los compromisos adquiridos a nivel internacional por el Estado salvadoreño.
“Ante el recién adoptado Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) consideramos que toda esta información debe ser socializada con gobiernos locales y trascender al diseño de innovadoras políticas públicas que incluyan en su eje principal a las comunidades”, afirmó.
En cuanto a la Ley de Protección Civil (2005) Rivas consideró que se debe reformar en cuanto, a su verticalidad y dar mayor participación al liderazgo comunitario, tomando en cuenta las disposiciones del Marco de Sendai, que permite a la sociedad civil participar en procesos de monitoreo y e información.
“Se debe pensar en la separación de funciones entre la Secretaria para Asuntos de la Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil, que permitirá ejecutar con mayores recursos sus funciones y permita evaluar el avance y retos en cada una de sus responsabilidades; y se supere la actual visión de respuesta a la emergencia”, puntualizó.
