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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Fátima Ortiz, a cargo de la Dirección de Atención a Víctimas del ministerio de Justicia, presentó los estándares mínimo para una normativa a favor de las víctimas, y la Guía de Cobertura Periodística Ética del Desplazamiento Forzado, producto del trabajo colectivo del Grupo Gestor.
“Antes de las vacaciones (Semana Santa), hicimos una presentación del documento ante la Asamblea Legislativa, para la discusión con los diputados y diputadas, que está bien estructurado, que en sus principales contenidos van las propuestas de principios, enfoques y catálogos del derecho de las víctimas, también su ámbito de aplicación, su temporalidad, es decir, lo que consideramos que no debe faltar en una ley de Atención a las Víctimas”, dijo.
Con la mayoría de representantes del Grupo Gestor, que conforma el gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y ministerio público, han recopilado insumos para la Ley de Atención a Víctimas, que atendería a esta población de manera integral, especializada y con acceso a todos los servicios del Estado, a fin de brindarles acompañamiento, seguridad y protección.
Mientras, Johana Ramírez, coordinadora del Área de Atención a Víctimas del Servicio Social Pasionista, recalcó de vital importancia atender de manera integral, la “denuncia”, un factor limitante que enfrentan las víctimas del desplazamiento forzado, porque puede generarle mayor violencia en su ámbito familiar o comunitario.
“En los estándares mínimos se ha creado una figura (jurídica), para que no exista una denuncia para atender a las víctimas. La asistencia humanitaria está contemplada como una de las primeras líneas estratégicas, para atender a estas víctimas, se ha creado un sistema que se define en distintas fases, para la atención y protección de las víctimas del desplazamiento forzado”, expresó.
Sobre las víctimas, Ramírez, agregó que según registros de la organizaciones sociales, organismos internacionales e instituciones del Estado, la principal causa de estos desplazamientos forzados, siguen siendo ocasionados por las estructuras criminales, denominadas maras o pandillas, pero cuentan también, con reportes de casos en los cuales, los agentes del Estado, han sido señalados como causantes de ese desplazamiento, calificándole de multicausal. Con un mayor impacto a mujeres como jefas de hogar, así como niños y niñas adolescentes.
