Presentan propuesta de ley de protección a migrantes salvadoreños

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Heriberto Antonio González desapareció el 6 de marzo de 2010, él nunca me manifestó que se quería ir a Estados Unidos, entonces, sólo nos despedimos al salir de la casa”, recuerda María Elena Larios, quien busca a su hijo desde hace 15 años.

“Él tenía 18 años cuando desapareció, y fue en la primera Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que recorrimos la Ruta del Migrante, junto a otras madres, de quienes pude encontrar algunas pistas de él por declaraciones de una madre del lugar que lo había visto pasar”, añadió.

Las pistas de María Elena son las declaraciones de algunas personas que lo vieron o hablaron con él, pero no cuenta con mayor información. María Elena dijo que la Fiscalía General de México colabora en el trabajo de búsqueda, pero que es un “trabajo lento”.

“Según mis pistas, creo que está vivo, y eso me da un aliento, una esperanza de encontrarlo, y por eso es importante esta Ley de Protección a los Derechos del Migrante. Soy de las madres que más insisten y me considero una piedra en el zapato cuando me ha tocado hablar de mi caso, claro, no discuto, sino que defiendo los derechos de mi hijo y los míos como su madre”, manifestó Larios.

Las organizaciones COFAMIDE, Voces Migrantes para el Cambio y Tutela Legal, “Dra. María Julia Hernández” presentaron la propuesta de “Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familiares”, en respuesta a la población que sale en busca de mejores condiciones económicas para su grupo familiar que no encontró en suelo nacional.

Las Familias de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, agrupados en COFAMIDE, “han dedicado sus vidas a la búsqueda incansable de sus seres queridos”, señaló Omar Jarquín, secretario y representante legal de la organización.  Jarquín señaló que se han unido por esta experiencia y solidaridad, y por ello han trazado un camino en común de búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

“COFAMIDE cuenta con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento psicosocial de las familias, y durante este tiempo hemos recopilado suficiente información para identificar con precisión las principales problemáticas que enfrentan las familias de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria”, expresó.

“Por ahora, los procesos de búsqueda, localización, identificación y repatriación carecen de un sustento legal directo. Las familias recurren a las leyes existentes, interpretándose a la luz de los derechos humanos para avanzar en sus esfuerzos, pero la ausencia de un marco legal específico y las condiciones de vulnerabilidad de las familias dificultan las posibilidades de búsqueda con éxito y en muchos casos son insuperables”, explicó Jarquín.

Anteproyecto, un aporte desde los familiares y organizaciones

La propuesta de las organizaciones para un anteproyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familiares es un trabajo de más de una década de compilación de información por parte de COFAMIDE, aunque reconoce algunos límites por la ausencia de instituciones que pudieron dar sus aportes, antes de ser presentado ante la Asamblea Legislativa.

En cuanto a los migrantes desaparecidos Jarquín, agregó, no existen “datos exactos”, porque la Cancillería de la República tiene sus cifras, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos cuenta con otras. Mientras, COFAMIDE reportó 300 casos activos a los que están dando búsqueda y localización, y cuentan con 125 casos resueltos desde el 2000 a 2025.

Organizaciones en proceso de presentar anteproyecto

Miguel Deras, abogado consultor del anteproyecto Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familiares, explicó que esta actividad forma parte de las acciones de incidencia del COFAMIDE.

Para entregar el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, tienen planeado buscar el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la procuradora Raquel Caballero, que les acompañe a la presentación a los diputados y darle más legitimidad al trabajo que se ha realizado, manifestó.

“La meta de COFAMIDE es poner el tema en el mapa, y que las diputadas y diputados conozcan lo que las familias necesitan y buscan, es un trabajo de COFAMIDE, que ha documentado denuncias de los familiares y que lograron presentar ante la Fiscalía de México 33 denuncias en 9 años de trabajo y con su seguimiento”, expresó Deras.

No obstante, reconoció las limitantes y que son pocos casos a los que han dado seguimiento, pero reiteró que hay resultados de parte de la Fiscalía de México, que, pese a que se llevan “a paso lento”, les ha permitido a los familiares de esos migrantes un acceso a la justicia que no tienen en el país.

“En el año 2023, con el acompañamiento de la PDDH, y otras organizaciones, se hicieron jornadas para difundir los mecanismos de búsqueda que COFAMIDE maneja y estas jornadas cubrieron a personal de la PDDH y Procuraduría General de la República, en específico con personas que trabajan en puestos fronterizos o reciben más denuncias y solicitudes de búsqueda, en donde la gente llega a preguntar qué pueden hacer con su familiar desaparecido”, indicó.

“Todas estas acciones se han recabado en el anteproyecto que se ha elaborado, y es lo que buscamos presentar y colocar este tema en el mapa y así se pueda iniciar una discusión dentro de la Asamblea Legislativa y también con las organizaciones y COFAMIDE”, añadió Deras.

La Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familiares consta de 55 artículos, distribuidos en 10 capítulos, con un eje principal que busca regular los derechos de las personas migrantes y sus familias, así como su acceso a la justicia.

“Estos derechos son algunos comunes, y que todos tenemos, pero se decidió incluir derechos de forma innovadora que están contemplados en las regulaciones de México o en Tratados Internacionales, que lastimosamente El Salvador aún no ha firmado, como la Convención contra la Desaparición Forzada, pero hemos incluido estos derechos de las familias”, acotó.

Cabe destacar que este anteproyecto regula los derechos y los principios de los aplicadores de la ley. También contempla las atribuciones de varios organismos de Estado que consideran importante en el procesos de búsqueda, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, PDDH, PGR la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, explicó Deras.

Justicia social y cumplimiento de obligaciones estatales

Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, compartió que esta ley integral de protección a migrantes es un esfuerzo que ha hecho COFAMIDE, y que liderado junto a otras organizaciones pretenden buscar un cambio en la “política» sobre la atención de los migrantes y familiares. Sin embargo, reconoció la ausencia de cumplimiento de las obligaciones del Estado para dar respuesta a esta temática.

En la ruta del migrante hay mucho sufrimiento, el que migra se enfrentan a la muerte por las condiciones extremas en las que van, otros son asesinados, y algunos otros detenidos por autoridades, o extorsionados por los coyotes, expresó.

“En los familiares que se quedan en el país se extiende ese sufrimiento al no saber qué es lo que está pasando su familiar que ha migrado. Y esto quiere regular esta ley, que las familias puedan tener resultados efectivos de sus familiares que salieron de sus hogares buscando una mejor vida y condiciones económicas. Esperamos, si es que existe una política migratoria, que el Estado mejore la atención del migrante”, puntualizó Mauricio.