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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
A cuatro días para la conclusión de la prorroga dada por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, para crear una Ley de Reconciliación Nacional, la comisión Política recibió, de manos de Mario Ponce, presidente del congreso, un documento creado a partir de tres iniciativas de ley respecto al tema.
Ponce afirmó que el documento, denominado Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, fue elaborado tomando en cuenta todos los aspectos contenidos en la sentencia de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía General de 1993, la iniciativa presentada por las organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas del conflicto y la creada por la subcomisión Política.
“El documento contiene un 90 % de insumos presentados en el proyecto de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, se ha desarrollado de forma amplia el capítulo de reparaciones y memoria histórica; en total, son 74 artículos; eso hace entrever que hemos creado una ley de acuerdo a las solicitudes de las víctimas”, dijo Ponce.
El presidente de la Asamblea Legislativa detalló que, en materia de reparación, el proyecto de ley propone la creación de un Sistema Nacional para la Verdad, Justicia y Reparación, un consejo nacional para tal efecto y un Registro de Víctimas.
El documento, además, desarrolla medidas de reparación tanto individual como colectiva que van desde indemnizaciones y pensiones para víctimas hasta el acceso a vivienda, tierras y atención psicosocial, medidas que abarcan a personas reencontradas.
En el caso particular de la masacre de El Mozote, la propuesta de ley creada por el presidente del congreso expone que debe construirse un registro de las víctimas del sitio y lugares aledaños a este.
Uno de los aspectos contenidos en el documento, que despertó mayor rechazo de parte de las organizaciones de derechos humanos, tiene que ver con la parte dedicada a la justicia, ya que consideraron que si bien el escrito detalla que los delitos no prescriben, en la práctica sí existe este tipo mecanismo.
“Puede haber prescripción de los delitos, si en el plazo de seis meses a un año el fiscal no investiga, no llega a la conclusión que es un crimen de lesa humanidad y no reúne pruebas, ahí se acaba; eso es prescripción, en la práctica, y contradice el principio de imprescriptibilidad”, dijo Benjamín Cuéllar, representante de Víctimas Demandantes.
Otra de las criticas de Cuéllar hacia el documento tiene que ver con la disposición concerniente a que si el fiscal no presenta el caso en tribunales, será la víctima quien deberá contratar querellantes para que lo hagan, ya que considera que al tratarse de personas de muy escasos recursos esto limita su acceso a la justicia.
Luego de que los representantes de cada grupo parlamentario recibieron el documento para su estudio, la comisión Política acordó sesionar este martes por la tarde y convocar a organizaciones de defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas, representantes de universidades, abogados constitucionalistas y firmantes de los Acuerdos de Paz para que brinden observaciones y aportes al proyecto de ley.
