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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El peregrinar de la Comunidad Santa Marta-ADES en busca de justicia para cinco de sus miembros parece no terminar, pero tampoco los ha hecho desfallecer. Por eso es que este martes interposición un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, y esperan que la Cámara de lo Penal de Cojutepeque emita un fallo a favor de los detenidos.
“Nos hemos hecho presentes al Juzgado de Instrucción, donde el abogado defensor ha presentado un recurso de apelación para que pueda ser analizado ante la Cámara de lo Penal, y que pueda decidir sobre el futuro de nuestros compañeros”, declaró Alfredo Leiva, líder comunitario.
“Sabemos que este es un hecho atentatorio contra la libertad de expresión, porque no se puede hablar del caso (y es que hay reserva total del proceso judicial), pero si podemos informarles que se presentó ya el recurso de apelación, y solo esperamos una salida pronta y favorable para nuestros compañeros desde la Cámara (de lo Penal)”, agregó Leiva.
En las afueras del Juzgado de Instrucción los carteles con los rostros de los cinco ambientalistas y líderes comunitarios fueron agitados por miembros de la comunidad con la petición de libertad y reiterándole al Sistema Judicial su compromiso con la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Leiva lamentó la poca información que obtienen sobre el caso de sus compañeros ambientalistas, por orden de la jueza del Juzgado de Paz, del municipio de Victoria, quien decretó “reserva total del caso” a petición de la Fiscalía General de la República, alegando “razones de seguridad”.
En cuanto al recurso de apelación presentado este 14 de febrero, señaló que “de ser favorable” sus compañeros saldrían en libertad mientras continúa la investigación del caso que en su momento la Fiscalía solicitó para realizarla en los próximos seis meses de este año.
“Eso significaría que estarían en sus hogares mientras se da la investigación, pero puede darse también el caso que la Cámara de lo Penal señale que no hay causa suficiente, y que el caso se deniegue en ese sentido, pues, el proceso llegaría hasta este término”, informó Leiva.
“Y si la Cámara deniega el proceso y lo devuelve al tribunal para que pase a la fase de instrucción, entonces apelaríamos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y si los tribunales nacionales -como lo hemos dicho- no resuelven, entonces tendremos que ir a instancias internacionales”, sostuvo Leiva.
Los líderes comunitarios de Santa Marta fueron detenidos en horas de la madrugada el pasado 11 de enero, por agentes de la Policía Nacional Civil y un grupo de fiscales, bajo la acusación de un asesinato ocurrido en 1989, durante el conflicto armado, cuyo cuerpo del delito no existe, es decir, no han encontrado el cadáver de la supuesta víctima.
Los detenidos pertenecen a la Comunidad Santa Marta, algunos son líderes comunitarios como : Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas. Y otros directivos de ADES: Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas (jurídico).
La Comunidad Santa Marta-ADES se ha distinguido por su organización y resistencia en problemática que afecta la vida de sus pobladores y el medio ambiente. Sobre sale, entre otros temas, su lucha contra la minería metálica contra la transnacional canadiense Pacific Rim, que trató de explotar un yacimiento de metales preciosos en San Isidro, Cabañas.
Una lucha que cobró la vida de cinco ambientalistas, y cuya resistencia social culminó con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, el único y primer país en el mundo con un marco jurídico de esta dimensión. Los habitantes de la comunidad Santa Marta comparten la noción que se enfrentan a una “justicia cautiva por el gobierno” de turno, que se presenta como el mayor valladar en el proceso judicial
Lo anterior queda demostrado al establecer un hilo de tiempo desde la forma en que la Fiscalía utilizó sus recursos y procedimientos previos a la detención de los habitantes de Santa Marta-ADES, la actuación del Juzgado de Paz de Victoria, que decretó la detención provisional pese a pruebas débiles contra ellos y, la desestimación de medidas sustitutivas a la prisión, emitido por el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque.
“Los argumentos que nosotros sostenemos es que no hay pruebas para mantener detenidos a los compañeros, y lo otro es que por cuestiones humanitarias los compañeros deberían estar en libertad. En segundo lugar, no tienen caso porque las pruebas del hecho no son suficientes, son débiles y este tipo de delitos son atentatorios contra varios elementos jurídicos que este país tiene”, explicó.
“Eso de acusarlos de -asociaciones ilícitas- no puede ser implicado al caso de los compañeros, porque las organizaciones guerrilleras del pasado fueron reconocidas por el derecho internacional a partir de la Declaración Franco Mexicana, luego están los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional, entonces, no hay argumentos jurídicos para que se pueda dar el caso y mucho menos vincular el caso con los detenidos”, acotó Leiva.
En su lucha por la libertad de sus compañeros, miembros de la comunidad Santa Marta han llegaron a exponer el caso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y ahora solicitan un pronunciamiento oficial, por ser una institución que tutela los derechos fundamentales de la población“, acotó Leiva.
Vidalina Morales comparte la incertidumbre de la comunidad, en cuanto la existencia de un “trasfondo político”, así como el “poco interés de hacer justicia con la familia de la víctima”, por parte de la Fiscalía y el sistema judicial.
Morales consideró que se trata también de una estrategia de amedrentamiento a la comunidad Santa Marta y “descabezar ADES”, con el fin de “limpiar el camino”, para que no haya oposición para los proyectos mineros en Cabañas, que consideran es parte de todo el “manejo gubernamental” sobre el tema de minería en el país, pese a la prohibición.
En mayo de 2021 El Salvador se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, posterior a esta integración, en el mes de octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficial (NI), aprobó una nueva Ley de Creación de la Dirección General de Energía Hidrocarburos y Minas, y en el Presupuesto General para 2023 existe una partida de $4.5 millones para revisar la Ley de Prohibición de Minería Metálica. “Hay rumores de visitas de gente de una empresa minera peruana, según nos ha dicho la población de las comunidades, porque allí se encuentra un proyecto minero que se paralizó en el 2004, la Mina El Dorado, esto es una amenaza latente y tenemos todos los indicios que el gobierno ha estado presente en el tema”, expresó.
“Pedimos al Estado salvadoreño que respete las leyes, como la Prohibición de la Minería Metálica, porque ha sido una lucha incansable de las comunidades y de muchos espacios organizados y articulados local, nacional e internacionalmente. No podemos tirar a la basura todos estos esfuerzos que se han hecho contra los proyectos extractivistas”, agregó Morales.
“No podemos entregar el territorio a empresas mineras que acabaría con el agua y con nuestro modo de vida”, señaló Morales, al advertir que como “comunidades emprobrecidas”, cualquier desequilibrio ambiental los impactaría y elevará su vulnerabilidad social, económica y ambiental en la que subsisten.
“Sabemos que estas empresas no descansan, siguen presionando a las comunidades, al gobierno y sabemos hoy que a los alcaldes de la zona, se están acercando a ellos para hablar de la minería, y eso es preocupante porque hay un marco jurídico que tiene que respetarse”, aludió.
“Y lo primero que debemos alzar es la voz ante esta situación, somos las comunidades las que nos oponemos, porque somos quienes vivimos y seguiremos viviendo esta realidad. Entonces, es importante la lucha social, la organización, la resistencia, y seguir empuñando nuestra fuerza, nuestra voluntad para evitar que la minería vuelva a nuestro territorio”, puntualizó Morales.
