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Ciudad de México/Prensa Latina
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este jueves un decreto destinado a fomentar el desarrollo de la industria textil del país, promover condiciones justas de mercado y aumentar el empleo y la competitividad.
“Son medidas para proteger una de las industrias más importantes en materia de empleo en nuestro país. Es casi medio millón de personas”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la habitual conferencia de prensa. Entre las disposiciones rubricadas este jueves, el titular mencionó incrementar temporalmente a 35 por ciento el arancel a mercancías confeccionadas (138 fracciones), así como el 15 por ciento a la importación de textiles (17 fracciones).
Precisó que la excepción será “aquellos mercados con los que se tienen tratados de libre comercio”.
Otra de las medidas, agregó, es aumentar la lista de productos que no se pueden importar mediante el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), pues empresas traían elementos intermedios para supuestamente integrarlos y no era así.
Buscamos impedir el abuso, porque podían vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, impuesto sobre la renta, ni aranceles; entonces, ese producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, explicó.
Al exponer los motivos de las disposiciones, se refirió a las entidades federativas con mayor producción de textiles (Estado de México, Puebla, Hidalgo, Coahuila y Guanajuato) y señaló que el empleo en la industria alcanzó en 2024 su nivel más bajo.
Representa una pérdida de 79 mil puestos de trabajo en los últimos años, detalló Ebrard, al agregar que el producto interno bruto en ese ámbito disminuyó a una tasa anual de 4,8 por ciento; es decir, cada año perdió aproximadamente mil 229 millones de pesos (60 millones de dólares).
Afirmó que desde 2019 se importa más de lo exportado y en mercancías textiles el incremento fue del 0,8 por ciento y de confección el 12,5 por ciento.
Las empresas Immex deben devolver al menos el 80 por ciento de las mercancías que importan (acreditar que las utilizaron para finalmente exportarlo o terminar un proceso); sin embargo, el 48 por ciento de las fracciones de la industria no cumplieron con el retorno, expuso.
Entre los beneficios de las medidas, destacó el fomento al desarrollo de la industria local, pues “un objetivo estratégico de la prosperidad compartida es aumentar el contenido nacional de todo lo que consumimos: mientras más tenga, más empleo habrá en México”, aseveró.
Asimismo, promover condiciones justas de mercado, evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad, impedir el contrabando técnico (mentirle a la autoridad) y privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales.
Como parte de las acciones, las autoridades detectaron 40 agentes aduanales que presentaron irregularidades u omisiones, y a la fecha se cancelaron patentes a siete de ellos.
