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TeleSUR
Organizaciones pro derechos humanos y abogados independientes demandaron a la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, así como a ministros y jefes policiales de su gabinete, por la muerte de seis manifestantes asesinados durante las protestas de diciembre en la región de Apurímac.
La denuncia está dirigida directamente contra la mandataria, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el entonces ministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola; el exministro del Interior, César Cervantes, el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro y otros responsables en la represión.
Los cargos apuntan a que durante las manifestaciones en contra de la asunción al poder de Boluarte, que comenzaron el 7 de diciembre pasado, se reportaron seis muertos, 83 heridos y decenas de detenidos y torturados a manos de efectivos policiales bajo su mando.
Entre los fallecidos, cinco perdieron la vida por impactos de proyectil de arma de fuego y dos solo eran unos adolescentes, pues la mayor tenía apenas 19 años, según reporte de la organización Instituto de Defensa Legal.
La imputación, entregada a la Fiscalía de la Nación, incluye material audiovisual, documentos inculpatorios y testimonios de víctimas.
“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del más alto nivel. No solo los efectivos policiales, actores directos, son responsables de los hechos, sino también los autores mediatos”, denuncian los demandantes.
Estas indicatorias se suman a las indagaciones por la muerte de ocho manifestantes en el sureño departamento de Ayacucho durante la represión a las protestas del 15 de diciembre.
Las manifestaciones contra la salida del poder de Pedro Castillo arrojan hasta la fecha la cifra de 48 fallecidos bajo la represión del Gobierno de Dina Boluarte (según cifras de organismos oficiales, pero el número podría llegar a más de 60).
Recientes encuentas indicaron que la mayoría del pueblo responsabilizan a Boluarte por la situación de violencia que atraviesa el país a raiz de la represión de la policía contra los manifestantes en varias regiones de Perú, y un 76 por ciento de la población desea que dimita de su cargo.
