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Buenos Aires/Prensa Latina
El presidente argentino, Alberto Fernández, denunció hoy la falta de avances y la exclusión de pruebas importantes en la investigación del intento de asesinato a la vicemandataria Cristina Fernández, ocurrido hace un año.
El atentado fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática, escribió el jefe de Estado en su perfil en la red social X (antes Twitter).
La causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho, afirmó.
Además, señaló que, a cuatro décadas de recuperada la democracia en este país, es necesario preservar la institucionalidad y que la Justicia deje de servir a poderes políticos y fácticos.
El 1 de septiembre de 2022 Fernando Sabag, de 35 años, apuntó con una pistola a la cabeza de la también titular del Senado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.
Aunque apretó el gatillo, el arma- que contaba con cinco balas- no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).
Durante registros en su casa, en la zona de San Martín, la PFA halló 100 balas y una laptop, la cual fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida.
Reportes oficiales indican que la pistola estaba apta para el disparo y fue usada poco antes del atentado, pero el mal empleo por parte del agresor evitó que el proyectil entrara en la recámara y saliera.
Poco después, los oficiales arrestaron a su novia, Brenda Uliarte, y ambos fueron considerados por la jueza María Eugenia Capuchetti como coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
Además, enfrentan cargos por portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, acopio de municiones, tenencia de documento nacional de identidad ajeno y falsificación.
También fue detenido un hombre llamado Gabriel Carrizo por su papel en la planificación y ejecución de los hechos.
En varias ocasiones, la vicepresidenta denunció la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del ataque y acusó a Capuchetti de entorpecer y demorar las indagaciones cuando se hallaron pruebas que apuntaban a miembros de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana.
