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Pese a que su tónica ha sido vetar todo lo que aprueba la Asamblea Legislativa, aunque sea de interés para el país como el decreto 661, el pasado miércoles hubo una excepción, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, pese a una advertencia de un nuevo veto, sancionó el Decreto Legislativo No. 728 que contiene la reasignación de fondos por $197 millones 401 mil 355 dólares, de un préstamo otorgado por el BID, para atender la emergencia por la pandemia por 250 millones de dólares.
Decimos que el presidente Bukele hizo lo correcto, porque de no haberlo sancionado el propio día que la Asamblea aprobó el decreto con la reasignación de fondos, se hubieran perdidos los fondos de FOMILENIO II para ejecutar más de una treintena de proyectos de los fondos estadounidenses donados a través del programa FOMILENIO.
Es de recordar que los más de 250 millones que Estados Unidos otorgó a El Salvador en el primer gobierno del FMLN comenzaron a ejecutarse a mediados del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, y dado que eran para cinco años, este es el año en que el programa finaliza en El Salvador, pues los fondos eran para ejecutarlos en cinco años.
Curiosamente en el presupuesto de este año no estaban contemplados los 55 millones de dólares como contrapartida para la culminación de los proyectos de FOMILENIO II. La no inclusión de esos fondos podría tener a la base que al presidente Bukele lo asesoran mal en el sentido de que no los incluyera, al fin y al cabo, aunque ese dinero es de los yanquis, eran para proyectos que podrían recordar a los gobiernos del FMLN, historia que el presidente Bukele se ha propuesto borrar.
La otra, que le estaba apostando a recurrir a algún préstamo, dado que, pese al tira y encoge que tiene con los diputados, al final el mandatario hace la suficiente presión para que la Asamblea Legislativa le apruebe todo. Desde hacía varias semanas, luego de que la Asamblea le aprobara el préstamo con el BID, buscó la inclusión de esos fondos al Presupuesto General de la Nación, en lo que no figuraba, por supuesto, la contrapartida de FOMILENIO II, ni los 75 millones para las alcaldías, ni los más de 50 millones para los excombatientes del FMLN y los veteranos de guerra de la Fuerza Armada.
Ante la presión de los representantes de FOMILENIO, el Gobierno cambió las prioridades y solicitó, a través del Ministerio de Hacienda, que se aprobara una asignación parcial de los 250 millones. La Asamblea Legislativa que también tenía presiones de los excombatientes y veteranos, así como de las comunas, aprovechó la “flexibilidad” del Ejecutivo y asignó no solo los fondos para FOMILENIO, sino que asignó los 75 millones para las alcaldías, $52 millones para el pago de atención a veteranos y excombatientes y $15 millones 401 mil 355 dólares para el Hospital El Salvador. Para este hospital, el Ministerio de Salud había solicitado 30 millones.
A los representantes del Ejecutivo no les cayó en gracia lo dispuesto por el parlamento que, además de despotricar contra los diputados, sobre todo contra los de ARENA y el FMLN, incluso hasta con expresiones inapropiadas para cualquier funcionario, advirtieron que el presidente Bukele vetaría el decreto porque este “era inconstitucional”.
“Saltaron cuando dijimos que la constitución necesitaba reformas. Pero ellos mismos la violan todos los días. Lo acaban de hacer, frente a todos, hace unos momentos. Y los autodenominados “defensores de la constitución” callados”, dijo el mandatario para justificar el veto que no realizó.
Esa misma noche, como una reacción contra el órgano Legislativo, el Gobierno del presidente Bukele anuncia que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, está a cargo de un equipo para “reformar la Constitución”. Sobre este tema escribiremos próximamente.
Aún y cuando el 9 y el 10 de septiembre se estuvo advirtiendo de un posible veto presidencial, dos días después la Presidencia de la República informa que el mismo 9 de septiembre se publicó el decreto que contiene las asignaciones en el Diario Oficial, es decir, dicho decreto fue sancionado por el presidente Nayib Bukele.
Al final, el presidente Bukele hizo lo correcto al sancionar el decreto 728, no solo porque es aceptar que el país vive en un sistema republicano, es decir, la existencia de tres órganos del Estado, y que ninguno está sobre el otro, lo que permite el equilibrio democrático, pero, además, porque la asignación hecha por la Asamblea beneficia a grandes segmentos de la población y, por lo tanto, por el bien del país.
