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Por Anna Cuenca/Daniel Bosque/Álvaro Villalobos
Barcelona/Madrid/AFP/dpa
Cataluña se ganó «el derecho a tener un Estado independiente», afirmó el presidente regional tras la organización de un referéndum de autodeterminación prohibido, marcado por intervenciones policiales y ganado masivamente por el sí según su gobierno.
«Con esta jornada de esperanza y también de sufrimiento, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república», afirmó Carles Puigdemont en una solemne alocución rodeado por todo su ejecutivo.
Puigdemont aseguró que fue «válido» el referéndum prohibido del domingo, en el que según su gobierno hubo una participación del 42,3% y dos millones de ‘síes’ a la secesión de España, sobre un total de 5,3 millones de personas convocadas.
Según los datos ofrecidos por su gobierno, más de 2,2 millones de personas participaron en la votación de las que un 90% apostó por el sí. Con esta victoria, la mayoría independentista del parlamento regional había prometido declarar la secesión de esta región del noreste de España.
El voto quedó lastrado por la intervención de la policía española para cerrar varios puntos de votación, protegidos desde antes de la madrugada por multitudes de personas. Más de 800 manifestantes tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias afirmó el gobierno.
Puigdemont acusó a Madrid de ejercer un «uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia» pero el jefe de gobierno español Mariano Rajoy contestó que las fuerzas de seguridad «han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia».
Al intervenir, los agentes no dudaron en cargar contra aquellos que opusieron resistencia, echando mano de porras, empujones y pelotas de goma, según varios testigos interrogados por la AFP.
«Se han llevado las urnas por la fuerza, porque los presidentes de las mesas agarraban las urnas con las dos manos y se las arrancaban literalmente de las manos», explicó Marc Carrasco, apoderado de un colegio barcelonés.
Los servicios regionales de salud atendieron a 844 personas, entre las cuales había 92 heridos graves y menos graves. Uno fue alcanzado por una pelota de goma en un ojo y otro sufrió un infarto durante una incursión policial, señaló un portavoz regional de Salud.
El ministerio del Interior informó así mismo de 33 agentes atendidos médicamente.
‘Hemos votado’
A pesar de todo, se pudo votar en numerosos centros, donde se formaron inmensas colas de gente.
«He llorado porque hace años que luchamos por esto, y he visto delante de mí una mujer de 90 años en silla de ruedas que votaba», contó en el pequeño pueblo de Lladó Pilar López, administrativa de 54 años.
«Nos lo han puesto difícil pero finalmente pudimos votar. La gente es persistente, no deberían subestimarnos», celebró tras cerrarse los colegios Meritxell Casademont, profesora de 50 años en el barrio barcelonés de Gracia, entre cientos de personas gritando: «¡Hemos votado!».
Anticipando el cierre de colegios, el gobierno regional instauró a última hora un censo único para que los 5,3 millones de electores pudieran votar en cualquier centro. Eso permitió votar a Puigdemont, cuyo centro fue desalojado por la fuerza por la Guardia Civil.
Pero muchos no independentistas, como Enrique Calvo, jubilado de 67 años del barrio unionista de Nou Barris, optaron por abstenerse para no «legitimar el proceso». «Esto está mal hecho tanto por el gobierno catalán como por el gobierno central en Madrid».
«Me da mucha pena haber llegado a esto por la fijación del gobierno catalán en hacer un referéndum ilegal», criticaba Alexandra López-Liz, una abogada de 39 años en el rico barrio de Sant Gervasi.
Apelación a Europa
El referéndum, cuya pregunta es «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?», culmina años de creciente tensión entre Madrid y el gobierno de esta región con lengua propia, que cuenta con 7,5 millones de habitantes y representa el 19% del PIB español.
Aunque divididos sobre la cuestión de la secesión, más del 80% de los catalanes reclama esta consulta, rechazada por el gobierno de Rajoy, que la considera anticonstitucional.
Desde su convocatoria a principios de septiembre, rápidamente suspendida por el Tribunal Constitucional, las instituciones españolas emplearon todos sus recursos para impedirla, incluyendo el envío de 10.000 refuerzos policiales, sin conseguir laminar la determinación de Puigdemont.
Si bien Rajoy pidió comenzar a partir del lunes «el restablecimiento de la normalidad institucional», los ánimos en Cataluña parecen ir en sentido contrario.
Puigdemont prometió trasladar en los próximos días el resultado del escrutinio al parlamento regional, dominado por sus partidarios, para que declare la independencia de la región una vez confirmada la victoria.
Pero esta no será de efectos inmediatos. «Todos sabemos que hay un periodo de transición, que no hay un botón que automatiza las independencias», explicó el sábado en una entrevista con la AFP en la que también pidió «una mediación» para solucionar su conflicto con Madrid.
En este sentido, el domingo pidió a Bruselas que «actúe con rapidez».
«La Unión Europea ya no puede continuar mirando hacia otro lado», la situación en Cataluña «es un asunto de interés europeo».
Presión internacional para que gobierno español dialogue con independentistas
La Unión Europea (UE) y la ONU presionaron este lunes al gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido del domingo, marcado por violentas cargas policiales.
En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones «completas, independientes e imparciales» sobre «todos los actos de violencia» ocurridos el domingo en Cataluña.
La ONU reaccionaba así a la actuación de policías y guardias civiles encargados de impedir el referéndum, y que según afirmó Rajoy el domingo se limitaron a cumplir «con su obligación».
En unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, los agentes recurrieron a porras, patadas, empujones y balines de goma contra los manifestantes decididos a votar, y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas. Según el ejecutivo catalán, casi 900 personas precisaron atención médica tras esas cargas, y dos de ellas tienen «pronóstico reservado».
La Unión Europea pidió también a Madrid y Barcelona «pasar rápidamente de la confrontación al diálogo», porque «la violencia nunca puede ser un instrumento en política».
Minutos después, el presidente catalán Carles Puigdemont solicitó ante la prensa en Barcelona una mediación, que según él debe ser internacional «para que sea eficaz».
También pidió la «retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña, por estos actos de represión».
La calle sigue movilizada
A pie de calle, la intensa movilización de los separatistas en las últimas semanas se mantenía este lunes.
Pertrechadas de banderas independentistas y a gritos de «¡las calles serán siempre nuestras!», miles de personas participaron en dos manifestaciones en Barcelona para repudiar la violencia policial.
Para este martes además está convocada una huelga general, a la que han animado a participar los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
«Es una vergüenza», dijo a la AFP Albert Rovira, un informático de 55 años, refiriéndose a las cargas policiales del domingo. Según él, la huelga del martes va a ser una buena herramienta de presión, viniendo de una región que representa casi el 20% del PIB nacional.
«Creo que cuando la deuda española no se pueda pagar, España se sentará a negociar», afirmó.
Rajoy trata de emerger
Al mismo tiempo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunirá por la tarde con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y el del partido centrista Ciudadanos, Albert Rivera, cuarta fuerza parlamentaria.
Hablarán del futuro político inmediato, aunque el diálogo del líder conservador con Barcelona se anuncie muy difícil, tras la lluvia de críticas que ha recibido por las imágenes de la policía cargando contra quienes querían votar en la consulta.
El propio Sánchez manifestó su «profundo desacuerdo con las cargas policiales».
Y, este lunes, Inés Arrimadas, número dos de Ciudadanos, dijo que es «absolutamente imprescindible que el gobierno español dé explicaciones» por la violencia policial y por la celebración, aunque parcial, de una consulta de autodeterminación prohibida por la justicia.
La tensión política se trasladaba también a la bolsa de Madrid, donde hacia las 14H25 locales (12H25 GMT) el índice Ibex 35 caía un 1,63%.
Los mayores bancos catalanes, Caixabank y Banco Sabadell, caían un 4,48% y un 6,46%, respectivamente.
Cataluña prepara huelga general
Entidades independentistas y sindicatos de Cataluña convocaron para el martes a huelga general en protesta contra la acción policial que dejó cientos de heridos durante el polémico referéndum soberanista del domingo en la región.
«Creo que un paro general ayuda a reforzar lo que hicimos el domingo, el referéndum, y lo que queremos hacer en los próximos días», sostuvo hoy el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, dando su apoyo a la medida de fuerza.
La huelga fue convocada por entidades independentistas como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium y por diversos sindicatos. También sumó la adhesión de instituciones como el club de fútbol Barcelona. Puigdemont confió en que el paro tendrá un «grandísimo seguimiento».
Los dos sindicatos mayoritarios de España, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), condenaron hoy la actuación policial, pero negaron el apoyo a la huelga en rechazo del plan de Puigdemont para declarar la independencia de Cataluña.
«Hemos instado repetidamente a encauzar la situación y el conflicto político existente en Cataluña a escenarios de diálogo entre partidos y Gobiernos. Negociación, deliberación y democracia son la vía», indicaron ambos sindicatos en un comunicado conjunto.
Sin embargo, la posible declaración unilateral de independencia (DUI) les impidió apoyar el paro. «UGT y CCOO decimos claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política», indicaron. «En ningún caso vamos a avalar posiciones que den cobertura a la DUI».
