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Por Michaela Cancela-Kieffer
Madrid/AFP
El presidente independentista de Cataluña (noreste de España) Carles Puigdemont prometió de nuevo este domingo no acatar órdenes de la justicia española, a pocos días de la convocatoria para el referéndum de autodeterminación prohibido por el Tribunal Constitucional.
En una entrevista publicada por el diario La Vanguardia, Carles Puigdemont asegura que permanecerá en el cargo si la justicia ordena su suspensión por haber intentado organizar la consulta sobre esta pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».
«No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat [gobierno catalán] las regula el Estatut [de Cataluña], así que nos deberíamos plantar (oponernos) ante una suspensión de este tipo», declaró Carles Puigdemont a La Vanguardia.
Sus declaraciones intervienen pocos días antes de la convocatoria del referéndum, que se hará mediante un decreto del ejecutivo regional, tras la aprobación de una ley en el parlamento catalán, donde los independentistas tienen mayoría. Así se lanzará la cuenta atrás para la consulta del domingo 1 de Octubre.
La ley podría ser adoptada el miércoles, según la prensa.
Su adopción también pondrá en marcha todo el arsenal jurídico que el gobierno central del conservador Mariano Rajoy, firmemente opuesto al referéndum, tiene preparado para impedir la consulta.
El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta no vinculante también prohibida por la justicia en la que participaron 2,3 millones de personas, dando una amplia victoria al «sí», el gobierno de Mariano Rajoy prepara sus armas.
Entre sus opciones está la suspensión del presidente regional y de otros altos dirigentes.
En principio, un presidente regional sólo puede ser forzado a abandonar el poder por el Parlamento regional o por una condena que suponga una prohibición de ejercer una función pública.
Pero una ley adoptada en 2015 permite ahora al Tribunal Constitucional suspender a funcionarios en caso de que actúen en contra de sus decisiones.
Por otra parte, el gobierno también puede desde 2016 decidir que el país se encuentra ante una «situación de interés para la seguridad nacional», lo que le permite adoptar medidas extraordinarias con un simple decreto para, en palabras de Rajoy, «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales».
Existe además un artículo de la Constitución, el 155, que permite suspender la autonomía de una región.
En la entrevista Carles Puigdemont asegura que las 6.000 urnas necesarias estarán efectivamente disponibles el día de la votación, sin revelar donde se encuentran.
El gobierno central prometió emprender acciones legales contra todos los que participen en la consulta, incluso las empresas que proporcionen la logística.
«Se pueden requisar armas, drogas, dinero negro (…) pero con unas urnas no se cometen delitos», opinó el presidente regional.
Puigdemont asegura que su región, que representa cerca del 20% del PIB y el 15% de la población de España, declararía la independencia en caso de que gane el sí, con una tasa de participación acorde con las prácticas «habituales».
«Lo que prevalece son las normas habituales en los referéndums que se han celebrado en España. El de la Constitución Europea, tuvo un 42,3%» de tasa de participación, declaró.
«La peor de las crisis»
A principios del verano (boreal) una encuesta encargada por el gobierno regional indicaba que el 49,4% de los catalanes estaba en contra de la independencia, y un 41,06% a favor.
En caso de referéndum, el 18% del conjunto de las personas encuestadas aseguraba que no participaría y el 14,4% se mostraba indeciso.
De los que participarían, el 39% votaría a favor de la independencia y el 23,4% en contra.
En cambio, más del 70% de los catalanes desean celebrar un referéndum para zanjar de una vez por todas la cuestión que envenena las relaciones entre Madrid y Barcelona, y traduce también el malestar de una parte de los catalanes con el poder central dominado por los conservadores, especialmente desde que obtuvo la anulación por la justicia de un «Estatuto» que daba amplias competencias a la región, en 2010.
El sábado, Rajoy prometió «preservar la unidad de España» y «hacer que se cumpla la ley», sin desvelar cómo actuará Madrid.
Y el domingo, el presidente del Partido Popular (PP, en el gobierno central) en Cataluña, Xabier García Albiol, pidió al dirigente independentista que renuncie a sus planes.
«Tiene por delante 72 horas para reflexionar y evitar la peor de las crisis institucionales desde la instauración de la democracia», dijo.
