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Bogotá / AFP
Rodrigo Almonacid
El presidente Iván Duque medirá el jueves la fuerza de sus políticas cuando sindicatos, estudiantes, indígenas y opositores protagonicen una gran marcha en Colombia en contra de su gobierno, que luce debilitado tras año y medio en el poder.
Con un abanico diverso de reivindicaciones y reclamos, los manifestantes colombianos se unen a la ola de descontento social, sin denominador común, que ha sacudido recientemente a Ecuador, Chile y Bolivia.
«La protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo», dijo el mandatario a la radio Candela.
Con un rechazo a su gestión en alza desde febrero, que a principio de este mes llegó al 69% según una encuesta de Gallup, el llamado paro nacional medirá el pulso de Duque, quien no ha podido consolidar una coalición en el Congreso y cuyo partido, el derechista Centro Democrático, encajó reveses en las elecciones locales de octubre.
La gran huelga fue convocada desde octubre por el Comando Nacional Unitario, que une a las principales centrales obreras, ante supuestas iniciativas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y debilitar el fondo estatal de pensiones en favor de fondos privados y aumentar la edad de jubilación.
Duque niega que su administración vaya a presentar proyectos legislativos con esos fines, aunque los ministros de Trabajo y Hacienda se han mostrado favorables a reformas en esas líneas.
«La jornada nacional de protesta no tiene otra intencionalidad que presionar al gobierno, a la clase dirigente de este país, para que se les dé respuesta a los problemas de la clase trabajadora, del movimiento campesino, de los indígenas», dijo a AFP Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
– Variopinta de reclamos –
A las centrales obreras, que en Colombia tienen un poder de convocatoria menor al de otras naciones de la región, se unieron universitarios que reclaman más recursos para la educación pública y el cumplimiento de acuerdos convenidos con el gobierno el año pasado.
También los indígenas, que piden protección tras el asesinato de más de medio centenar de comuneros en lo que va del año en el conflictivo departamento del Cauca (suroeste).
A ellos se suman artistas, organizaciones sociales y colectividades de oposición, como FARC, el partido surgido del pacto de paz que respalda la huelga en rechazo del asesinato de 170 excombatientes que firmaron el acuerdo.
Los movimientos de protesta hacen énfasis en su repudio a la violencia contra líderes sociales y activistas, que dejó 486 muertos entre el 1° de enero de 2016 y el 17 de mayo de 2019, según la Defensoría del Pueblo.
Duque considera que hay en marcha una campaña de «mentiras» para desatar la ira entre los colombianos. «Toda la sociedad tiene que rechazar el vandalismo, el pillaje, la agresión, la violencia de quienes muchas veces quieren pescar en río revuelto», afirmó.
Su partido, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, asegura que las movilizaciones responden a una «estrategia del Foro de Sao Paulo», que reúne a organizaciones latinoamericanas de izquierda, para «desestabilizar» la democracia en la región.
Desde que asumió el poder en agosto de 2018, Duque ha encarado diversas manifestaciones callejeras por sus propuestas económicas, la política de seguridad de mano dura enfocada en combatir el narcotráfico y su intento por modificar el acuerdo que desarmó a la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Aunque el gobierno prevé un crecimiento del PIB del 3,6% para 2019, un bálsamo frente al flojo desempeño esperado para Sudamérica, la cuarta economía latinoamericana registra uno de los índices más altos de desigualdad y desempleo de la región.
