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Alberto Romero de Urbiztondo @aromero0568
Cuando salga esta columna, ya tendremos resultados de la jornada electoral. Tal vez ya hay un presidente electo o tendremos que esperar a una segunda vuelta, pero sea cual sea la fórmula elegida, esperamos que garantice el carácter laico del Estado, en nuestro país. La libertad de pensamiento y creencias, la autonomía entre el Estado y las instituciones religiosas y la no discriminación por creencias o pensamiento, son derechos básicos que nos debe de asegurar un Estado democrático. En la actualidad, no todos estos derechos están suficientemente garantizados.
La libertad de creencias y pensamiento es el más claramente reconocido. Somos una sociedad plural en la que 46 % de la población dice ser católica, un 36 % cristiano evangélica, el 4 % de otras religiones y un 14 % dice no tener adscripción religiosa y donde el Ministerio de Gobernación tiene inscritas a 2,137 iglesias. Parece que está garantizada la libertad de creencias.
Donde es más frágil el carácter laico del Estado salvadoreño, es en su autonomía con las iglesias. Un ejemplo es el uso de instituciones públicas y por tanto de toda la ciudadanía, para rezos y rituales religiosos. Esta utilización abusiva de instituciones estatales, por creyentes de una religión, envía un mensaje peligroso a la ciudadanía, que teme que ese funcionario que usa el espacio de trabajo para promover sus creencias será el que después le atenderá y posiblemente lo hará desde sus creencias y códigos de conducta religiosos. El nuevo presidente debería de aprobar una normativa clara que separe Estado de iglesias, para que los cultos y rituales religiosos se hagan en templos e iglesias, no en ministerios, cuarteles, juzgados o parlamento.
Una muestra de que el nuevo presidente quiera garantizar el carácter laico del Estado sería que en su toma de posesión no busquen legitimarse con la bendición de jerarquías religiosas, las cuales deben de ser invitadas, igual que otros actores de la sociedad civil. Pero sin olvidar que ya no somos súbditos sino ciudadanos y que el poder legítimo de los nuevos mandatarios electos viene del pueblo, no de ninguna institución religiosa.
