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Guatemala / Prensa Latina
El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, vetó el miércoles uno de los decretos del Congreso más esperados por miles de familias en crisis por la Covid-19, el que garantizaba servicios básicos como agua, internet, teléfono y energía eléctrica.
La ‘Ley de Medidas Adicionales de Protección a favor de la Población por los efectos económicos provocados por la Pandemia del Covid-19’ plantea que en el marco de la emergencia no se pueden suspender estas prestaciones vitales y los pagos correspondientes a tres meses se dividirían en cuotas para ser cancelados según acuerdos entre empresas y clientes.
Con esta decisión, Giammattei devuelve al Legislativo una iniciativa aprobada en la madrugada del 3 de abril con el voto favorable de 140 diputados en una de las sesiones más álgidas del pleno ante la pretensión de las bancadas oficialistas de desviar fondos hacia otros temas en medio de la crisis sanitaria.
El decreto 15-2020 era el único que quedaba pendiente de la firma del Jefe de Estado, pero ya se veía venir su desaprobación, pues en uno de sus últimos mensajes mencionó que lo analizaba a fondo porque habían detectado ‘ciertos errores’ en su redacción.
Señaló que debía hacerse una verificación, pues aparentemente tal como estaba planteado podría generar que se cayera en alguna inconstitucionalidad.
‘Si así fuera estaríamos planteando una iniciativa para enmendar esos errores. Creemos en la ley porque se debe ayudar a la gente, pero no podemos violar la ley para ayudar. Tenemos que ser cuidadosos’, explicó en esa ocasión.
La supuesta intención fue ratificada este miércoles por el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci, quien reiteró que el Presidente está de acuerdo con el concepto de apoyar a las personas, pero el texto llevaba falencias que lo declararían inconstitucional.
Ricci dijo que se optó por presentar como Ejecutivo una iniciativa de ley similar y esperaba que se alcanzaron los consensos correspondientes para su aprobación.
La Constitución Política le otorgaba 15 días al Jefe de Estado para revisar la normativa, por lo que su plazo vencía el 4 de mayo.
En los últimos días, diputados de diferentes bancadas habían solicitado públicamente a Giammattei que sancionara el decreto 15-2020 para beneficiar a familias en condición de vulnerabilidad.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó también al gobernante avalar la normativa, pues consideró que al garantizarse los servicios a la población y darle la posibilidad de diferir los pagos de los mismos, se liberaría efectivo para la compra de alimentos, hoy muy necesarios.
Mientras corre el tiempo y se ponen de acuerdo, cada día se ven más banderas blancas y rojas en señal de auxilio no solo en viviendas de esta capital y el interior del país, sino en plena vía pública después de 44 días de parálisis laboral y programas anunciados por el Gobierno que tardan en llegar.
