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Yaneth Estrada
@caricheop
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, juramentó al vicepresidente y secretario técnico y de planificación, Óscar Ortiz; al ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala y a los alcaldes de San Miguel de Mercedes (Chalatenango), Milton Guadalupe Serrano; de Mejicanos (San Salvador) José Simón Paz; y de Armenia (Sonsonate) Carlos Molina López como propietarios del consejo nacional de ordenamiento y desarrollo territorial.
Como suplentes tomaron protestas los ediles de Sensuntepeque (Cabañas) Jesús Edgar Bonilla y de Zacatecoluca (La Paz) Francisco Salvador Irezi. Los alcaldes nombrados fueron electos por el directorio de la corporación de municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).
El Consejo es un ente autónomo con personería jurídica y patrimonio propio: es la institución rectora de la administración pública y municipal, en las materias relacionadas con el ordenamiento y desarrollo territorial. Además se relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.
Formular y coordinar
Igualmente, al consejo nacional le corresponde formular el proyecto de la política nacional de ordenamiento y desarrollo territorial; coordinar e impulsar la formulación y ejecución de los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial del ámbito nacional; conocer y dictaminar respecto a la adecuación de los grandes proyectos de infraestructura de impacto nacional, teniendo en cuenta lo establecido en el plan nacional de ordenamiento y desarrollo territorial; impulsar la creación del sistema nacional de información territorial en los diferentes niveles de los ámbitos territoriales con la colaboración del centro nacional de registro.
Así como solicitar a los diferentes ministerios del gobierno central el desglose de sus presupuestos anuales de inversión pública en los diferentes ámbitos departamentales, a fin de priorizar concertadamente la inversión estratégica para el ordenamiento y desarrollo territorial: fortaleciendo las capacidades departamentales y locales, promover la descentralización, autonomía municipal, la libertad de asociación y el desarrollo local, fomentar procesos de consulta ciudadana y elaborar los reglamentos de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de las atribuciones, ya establecidas y demás disposiciones de la ley.
La ley de ordenamiento y desarrollo territorial coloca a los actores nacionales y locales como protagonistas de sus territorios e implica niveles de entendimiento entre los gobiernos centrales y locales para tomar acuerdos concertados en beneficio de la población.
