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Por Carola Solé
México/AFP
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció que dio una mala imagen y cometió un «error» en el escándalo de la ‘Casa Blanca’, la compra de una mansión a un contratista gubernamental por parte de su esposa, al promulgar este lunes un nuevo sistema anticorrupción.
Reconociendo que la corrupción es el «cáncer social» de México, Peña Nieto hizo autocrítica y dijo que el episodio de la ‘Casa Blanca’, que se conoció en noviembre de 2014 a raíz de una investigación periodística, le reafirmó que los servidores públicos «además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad» también son responsables de «la percepción que generamos con lo que hacemos».
«En esto, reconozco que cometí un error», dijo el mandatario admitiendo que, aunque siempre actuó «conforme a derecho», ese «error» de imagen afectó a su familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza de los mexicanos en su gobierno, que atraviesa una popularidad bajo mínimos del 30%.
«En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por esto, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé», manifestó Peña Nieto, cuya esposa anunció que vendería la casa ante la presión popular.
Coincidiendo con la promulgación de las nuevas leyes anticorrucpión y las declaraciones del mandatario, este lunes Virgilio Andrade anunció su dimisión como secretario de la Función Pública después de haber sido nombrado personalmente por Peña Nieto para que investigara el escándalo de la ‘Casa Blanca’, del que Andrade concluyó que no había conflicto de intereses.
Un sistema que se queda a medias
La batería de siete leyes, aprobadas previamente por el Congreso, contempla la creación de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé centralizar las políticas, establecer penas más severas para los corruptos e impulsar un inédito control ciudadano.
La idea es que México deje de estar entre los países menos transparentes del mundo siendo el 95 de 167, según Transparencia Internacional, y que deje de perder hasta un 9% del Producto Interno Bruto por esas prácticas, lo que serían 100.000 millones de dólares al año, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El nuevo sistema estará encabezado por un comité coordinador, presidido por un ciudadano que no ejerza funciones públicas, y estará formado por órganos de nueva creación como una fiscalía especializada anticorrupción más autónoma.
Uno de los puntos polémicos del paquete es la llamada «Ley 3 de 3», una propuesta ciudadana que recogió más de 600.000 firmas para que los funcionarios estén obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Después de intensas discusiones entre partidos, el Congreso aprobó que esa información se difunda «salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales», algo que indignó a los ciudadanos que impulsaron la histórica iniciativa considerando que quedó lejos de sus expectativas.
Además, Peña Nieto vetó parcialmente esa ley para que empresas y empresarios que tengan contratos con el gobierno no tengan que presentar esa declaración, lo que encendió más aún la polémica.
«Aún con estas insuficiencias, estoy convencido de que lo que hoy se promulga es un primer paso muy significativo al combate a la corrupción», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el izquierdista Jesús Zambrano, que había dicho que la legislación resultó un «adefesio, un Frankenstein legislativo (…) que significa una bofetada a la sociedad que reclama un combate frontal a la corrupción».
