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Ciudad de Guatemala
La entidad Acción Ciudadana, capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional, responsabilizó al presidente Jimmy Morales de hundir al país en índices alarmantes de percepción de corrupción, según un estudio global presentado por la ONG internacional.
Morales, un excomediante de televisión que asumió el poder en 2016 bajo la bandera de la transparencia, lleva en «picada» a Guatemala en la lista de países percibidos como más corruptos, dijo a periodistas Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana.
Guatemala apareció en el lugar 143 en el Indice de Percepción de Corrupción de 2017, de 180 países, divulgado este miércoles por Transparencia Internacional.
En 2016 Guatemala ocupó el lugar 136. «Desde que se empezó a medir este índice, en 1996, nunca hemos estado tan mal como ahora», aseguró Marroquín.
El activista explicó que Morales y su gobierno provocan esa percepción al «identificarse» con sectores tocados por la lucha penal contra la corrupción iniciada en 2015 por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU.
El portavoz presidencial Heinz Hiemann refutó a Marrooquín al señalar que el actual gobierno sí ha enfrentado a la corrupción, a diferencia de administraciones anteriores.
«En este gobierno estamos siendo transparentes”, afirmó. Explicó que Morales amplió el mandato de la Cicig y que ha sido el presidente que más ha apoyado con recursos necesarios a la fiscalía y al sistema de justicia.
Investigaciones de la fiscalía y la Cicig llevaron a renunciar al expresidente Otto Pérez (2012-2015) por su implicación en un fraude en las aduanas.
Los dos entes lograron detener al exmandatario Álvaro Colom (2008-2012) y su exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight, alto oficial de Oxfam Internacional, por anomalías en un proyecto de transporte público.
Morales y sus familiares también han sido señalados por casos de corrupción lo que llevó al mandatario a estar «incómodo» con la Cicig y su titular, el exjuez colombiano Iván Velásquez.
El gobernante intentó sin éxito expulsar a Velásquez en septiembre pasado, luego de que la Cicig y la fiscalía pidieran quitar la inmunidad presidencial para investigarlo por sospechas de usar fondos ilegales en la campaña de 2015.
«Al estar en contra de los que combaten la corrupción, es evidente que el gobierno se coloca del lado de la corrupción», afirmó Marroquín.
