Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Yaneth Estrada
@caricheop
Tras no recibirlos la semana pasada, el Presidente de la República Nayib Bukele, almorzó con víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote el martes.
“El Mozote va a ser un ejemplo de desarrollo, vamos a invertir realmente como se debió hacer anteriormente y demostraremos que si se puede”, destacó el Mandatario en sus redes sociales sobre el evento, sin acceso a la prensa.
Asimismo, agregó que este día a primera hora el ministro de Gobernación, Mario Durán y la ministra Desarrollo Local, María Chichilco, visitarán el departamento de Morazán, para conocer las necesidades de las víctimas. Bukele, aclaró que “mil instituciones se pueden crear, pero sino ponen la voluntad de los recursos de nada va a
servir”.
También reiteró su decisión de no apoyar ninguna Ley de Amnistía, y como Gobierno se comprometió a trabajará para darle la importancia, que merece a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
La deuda pendiente
“Nosotros queremos justicia y reparación, queremos que entreguen los archivos de los militares que tienen, agradecemos la voluntad que usted tiene de ayudarnos”, expresó uno de los representantes de las víctimas.
Por su parte, uno de los abogados y representantes de las víctimas del Mozote, comentó que “es lamentable que han transcurrido siete años, desde que se emitió la sentencia y muchas de las víctimas están falleciendo sin que se les brinden sus reparaciones”.
De acuerdo a la sentencia de la CIDH emitida en 2012, tomando en cuenta el reconocimiento efectuado por el Estado, declaró su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos, perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío el Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo; así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, del Departamento de Morazán.
En dichos lugares se perpetraron una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de personas indefensas, dirigidas contra la población civil o no combatiente, en el marco de una supuesta operación de contrainsurgencia, que formaba parte de una política de “tierra arrasada” planificada y ejecutada por el Estado.
