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El presidente de la República, sick Salvador Sánchez Cerén, treatment sigue dando prioridad al tema de seguridad, doctor al ordenar la implementación de medidas extraordinarias en esta materia, con la claridad de que es necesaria la unidad de todo el país para afrontar este grave problema.
El mandatario sostuvo ayer una segunda reunión con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, y el fiscal adjunto Aquiles Parada, en representación del fiscal general, Douglas Meléndez, para darle seguimiento a las medidas extraordinarias ya implementadas y las que se incorporarán en los próximos días.
En la reunión también participaron el secretario privado, Manuel Melgar, y un equipo de la Secretaría para Asuntos Jurídicos y Legislativos.
“Con los presidentes de los Órganos de Estado y la FGR coincidimos en la necesidad de impulsar medidas extraordinarias” en materia de seguridad, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, @sanchezceren.
El secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, detalló que este encuentro da seguimiento a una primera reunión realizada el 8 de marzo, en la que los tres presidentes de los órganos del Estado y el fiscal general evaluaron su papel -basados en las atribuciones constitucionales- para la implementación de una serie de medidas que ayudarán a controlar el problema de inseguridad (ver nota a parte).
En el caso de la Asamblea Legislativa, se informó que existe un compromiso por analizar con prontitud el primer paquete de medidas que enviará mañana jueves el presidente Sánchez Cerén.
Precisamente, este día en Casa Presidencial los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa sostendrán una reunión de trabajo sobre estas primeras medidas con el equipo designado por el presidente para su diseño, el cual es dirigido por el vicepresidente Oscar Ortiz.
Por el lado de la Corte Suprema de Justicia, el portavoz del gobierno indicó que las conversaciones se han circunscrito a la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional tome pronto una decisión sobre los 900 millones en bonos, la instalación de más tribunales para los asuntos penales y la depuración del sistema judicial.
