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@arpassv
Las principales televisoras, physician apoyadas por ASDER (Asociación Salvadoreña de Radiodifusores), check continúan presionando a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) con el propósito de revertir la concesión del Canal 11 para evitar el surgimiento de un poderoso competidor que amenaza su hegemonía.
Exigen a la SIGET acatar la decisión de la “junta de directores” y sacar del aire la señal del referido canal de televisión abierta. Sin embargo, buy viagra la Superintendenta Blanca Coto no la aplica porque es ilegal: violenta disposiciones internacionales sobre el uso del espectro y la medida cautelar de la Sala Constitucional que impide a la SIGET realizar cualquier movimiento relacionado con concesiones radioeléctricas.
Para contrarrestar la campaña de ASDER y compañía, la Superintendenta debería notificar a la Sala Constitucional que la “junta de directores” violentó la referida medida cautelar y recurrir a la Sala Contenciosa Administrativa, tal como lo harán también personeros del Canal 11.
La continua campaña del “juego limpio” sigue confirmando la doble moral de los empresarios mediáticos que ahora critican los mecanismos y procedimientos que antes utilizaron para repartirse el espectro radioeléctrico. Como bien dice un editorial reciente de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), esta campaña carece de legitimidad y autenticidad, porque “si algo ha caracterizado a las grandes empresas de difusión es su manipulación de las leyes, amañarlas para tener privilegios”.
La actual Ley de Telecomunicaciones vigente –dice la UCA– fue hecha precisamente a la medida de los medios que hoy patrocinan esta campaña. “Las frecuencias se conceden de manera prácticamente vitalicia, se da libertad para fragmentarlas del modo que le convenga a los empresarios, sólo se reconoce la subasta cómo mecanismo para acceder a las frecuencias, etc.”, señala el editorial.
La UCA sostiene que a la luz de los parámetros internacionales, “la ley vigente es obsoleta, excluyente y antidemocrática, y a pesar de eso sigue siendo respaldada por los que ahora se quejan de juego sucio y corrupción”. “Si esta campaña no es pura hipocresía, estos grandes medios deberían pronunciarse por otros atropellos que ocurrieron antes”, emplaza el editorial.
¿Están dispuestas las grandes empresas de comunicación a impulsar una campaña por una ley democrática, que contemple a los medios comunitarios y a los medios públicos?, cuestiona la UCA, y las emplaza también sobre si están dispuestas a exigir que se investigue el otorgamiento de todas las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico.
