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@arpassv
Los magistrados de la Sala Constitucional ya sienten la presión ciudadana. Por eso esta semana no se atrevieron a admitir una demanda contra la emisión de 152 millones de dólares en bonos para financiar medidas extraordinarias de seguridad pública, presentada por un personero de la derecha opositora.
Tras la reciente emisión de un combo de resoluciones, incluida la que anuló los 900 millones de dólares en bonos que el gobierno necesitaba para atender necesidades urgentes del país y la que eliminó a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, la Sala ha sido repudiada por organizaciones progresistas y criticada hasta por sectores conservadores que antes la apoyaban.
Esto preocupó a los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco. Tanto se asustaron que hasta corrieron a reunirse con los propietarios, accionistas y directores de los medios hegemónicos (TCS, LPG, EDH) en un local del oligárquico Grupo Poma.
Durante las últimas semanas se han realizado movilizaciones sociales, demandas en la Fiscalía y otras acciones de presión ciudadana. Los susodichos magistrados saben que ya no pueden hacer lo que les venga en gana abusando de sus funciones, violentando la Constitución, atentando contra la institucionalidad y boicoteando las finanzas publicas.
Pero, lejos de aplaudirles por la “sensatez” de su última resolución, las organizaciones progresistas y sectores democráticos deben aumentar la presión hasta que renuncien o que la Asamblea los destituya. La presión social ha resultado efectiva, por tanto hay que intensificarla.
Sobre todo, las organizaciones deben exigir la destitución de los magistrados Jaime y González porque su elección fue ilegal, pues sus nombres no estaban en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura ni del gremio de abogados, únicas instancias que pueden proponer a la Asamblea candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los cuatro magistrados -que han destituido a varios funcionarios por sus presuntos vínculos partidarios- fueron nombrados en un oscura negociación partidaria extra-parlamentaria realizada en Casa Presidencial en julio de 2009: el ex presidente arenero Alfredo Cristiani propuso a Jaime, el entonces presidente Mauricio Funes puso a Meléndez, el FMLN promovió a Blanco y Rodolfo González fue la carta del PCN.
Y, mientras éstos no renuncian, la demanda de las organizaciones populares es que el presidente de la Sala y de la Corte, Armando Pineda Navas, asuma su rol de conducción de la Sala y convoque a los magistrados suplentes para desarrollar una agenda que responda a las necesidades del país.
