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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador.
El término aterra, pues parece una alusión medieval, injusta por solo pronunciarla.
Pero, ¿Qué es un preso político?
Es una persona o personas a quienes se priva de derechos fundamentales como lo son su libertad de reunión, de expresión o de libre pensar y transito, porque manifestara ideas contrarias a las que el gobernante de turno detenta.
Por supuesto y, en consecuencia, su detención careciendo de una causal legitima, es arbitraria y contraria a derecho, por lo que no procede, y tales detenciones al responder a razones subjetivas, caprichosas y hasta revanchistas, simplemente se “caerán” jurídicamente.
Es decir, un preso político es una persona que no ha cometido delitos comunes o sido detenida por alguna relación directa o indirecta con alguno, ¡aunque se les acuse de ello!, pero en cambio y haciendo uso de su derecho de la libre expresión y a disentir, expresa a viva vos ideas contrarias a las dominantes políticamente, colocándose así en el sentido opuesto al espectro del gobernante en cuestión.
Este rango inaceptable de intolerancia oficial responde generalmente al interés de evadir y ocultar las graves faltas que bajo su administración se cometen, para el caso, los escandalosos niveles de corrupción que en el presente quinquenio se practican llegándose al extremo de producir incluso una legislación que sustenta y encubre la corrupción oficial [Ley Alabí] para así legitimarla, porque la gestión no es transparente, impide el control de la ciudadanía, niega la participación a la ciudadanía y en consecuencia, persigue, reprime, acosa y hostiga a cualquiera que disienta con ello.
Ahora, el régimen niega la existencia de presos políticos, pero es el caso que sí los hay, que su número aumenta, y que incluso ya ha provocado exiliados por persecución políticas en nuestro país.
¿Pero quienes han sido encarcelados por razones políticas?, entre otros, ex funcionarios de la administración pasada, acusados nebulosamente por recibir supuestamente pagos ilegales y generarse enriquecimiento ilícito: Violeta Menjívar, Erlinda Hándal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores, a quienes se les aisló impidiéndoles ningún contacto con familiares, abogados o allegados, violentando así sus derechos mas fundamentales, como impidiendo la debida asistencia legal o médica.
Otro tanto a sucedido con Ernesto Muyshondt, aunque con mas claridad jurídica, pero que igual supone la transgresión de la norma, al ejecutar tales detenciones sin tener claros los motivos de las mismas, es decir, reduciéndolo a un mero chantaje dirigido a los demás, entendiéndose por demás a todos los observadores del procedimiento vejatorio, para así caer en la cuenta de que “…si les pasa a ellos, eso me puede suceder también a mí…”.
Y si lo acepto, si vuelvo la vista, si guardo silencio, su oscuro propósito se habrá cumplido.
Entonces todo se reduce al interés del régimen de que la ciudadanía no se oponga y naturalice la corrupción, como además lograr mediante la alienación mediática distorsionar la verdad, incriminando culpas inexistentes a los perseguidos, para silenciarlos, procurando imponer su versión en el imaginario colectivo, logrando enriquecer a la argolla y de paso, su impunidad.
