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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las diversas organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador señalaron que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del año 2023, no responde a las “verdaderas necesidades y a la complejidad que representa el agua” en el territorio nacional.
Miguel Edgardo Mira, activista de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, explicó que la situación minera es totalmente desconocida por el Gobiierno, al ignorar la existencia de 15 pasivos mineros ambientales o minas en abandono que se encuentran en su mayoría en la zona oriental del país que pondrían en riesgo la cuenca del río Grande de San Miguel, y, por lo tanto el derecho humano al agua de la población.
“Recordemos que fue en 2017 que se prohibió toda actividad minera metálica, y a partir de ahí se generaron obligaciones financieras para atender aspectos sustantivos como los cierres técnicos, las remediaciones ambientales y la reconversión económica de las personas conocidas como mineros artesanos para que aplicaran a otras actividades económicas”, señaló.
“Tenemos registrados 15 pasivos mineros abandonados, que generaron afectaciones socio ambientales, principalmente la relacionada al agua. Y el caso más conocido la mina en San Sebastián en Santa Rosa de Lima (la Unión) en donde se comprueba el drenaje ácido de minas que es una consecuencia directa de la minería, pero no se ha realizado nada para remediarlo”, sostuvo Mira.
Mira agregó que desde hace más de 5 años no se incluyen acciones o rubros prespuestarios para el cierre técnico de minas y la reconversión de la minería artesanal.
“Las mayores deficiencias que observamos es la falta de inversión pública para hacer cumplir la ley, y encontramos señales que los impactos de la industria minera desarrollada en el siglo pasado aún no se atienden adecuadamente, ni se ha hecho análisis científico ni técnico a profundidad sobre las complejidades de la presencia de estos pasivos mineros”, alegó.
“”Recordemos que en el año 2021, el Estado de El Salvador, se integró al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible , a quienes se encomendó un diagnóstico sobre los potenciales que posee la minería no metálica y la creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, a la que asignaron un presupuesto de 4 millones 500 mil dólares para el año 2023, que es preocupante”, sostuvo Mira.
Mientras, José Luis Magaña, economista de AltaVocES, señaló como primer elemento la discusión para evaluar el tema de la minería en la propuesta de presupuesto de la nación para el próximo año. Destacando, que bajo los mecanismos del Ministerio de Hacienda, sigue aún sin “estar disponible” para la población estos documentos.
“Esto es grave, todos los años en el Portal de Transparencia, el Ministerio de Hacienda, lo publicaba pero a dos años siguen sin estar disponibles y lo que tenemos son documentos obtenidos a través de la Comisión de Hacienda y General de Presupuesto para realizar este análisis -aunque no descarga la responsabilidad- del Ministerio de Hacienda la falta de información pública”, argumentó.
Sobre el documento de presupuesto general de la nación, Magaña, señaló, que hay unos elementos que llaman su atención con respecto a la minería como el registro de pasivos mineros que solo documentaron la mina de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, cuando existen 14 más.
“En el presupuesto de 2021, se había asignado en el presupuesto de 44 mil 200 dólares, que siendo una cantidad pequeña solamente se ejecutaron 13 mil dólares al final del año, es decir, aún con poco presupuesto ni siquiera ese poco presupuesto asignado fue ejecutado”, afirmó.
“Para este año tenía una asignación del Estado de 38 mil 983.22 dólares, para este propósito a agosto solo se habían ejecutado 30 mil 333.22 dólares, según datos del Ministerio de Hacienda y en el presupuesto para 2023, se la asignaría un monto de 100 mil dólares, con la gravedad de que todas estas asignaciones presupuestarias e inversiones realizadas con dinero de los impuestos de la población no cuentan con un plan de inversión cuya información esté disponible al público”, acotó Magaña.
Ante esta situación las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, demandaron de la Asamblea Legislativa y al órgano Ejecutivo, un abordaje de carácter “urgente” e integral, con el objetivo de restaurar los bienes naturales y garantizar derechos como el acceso el agua, la salud y la vida.
Vidalina Morales integrante de ADES Santa Marta, consideró que a través de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos y Economía, pueden realizar una “evaluación objetiva” sobre las implicaciones que tendrá al recurso hídrico los pasivos mineros ambientales y que defina acciones como “cierres técnicos” de los 15 que existen en el territorio nacional.
“El propósito es que frenen el drenaje ácido en la exmina de San Sebastián y el avance hacia otros ríos, al evitar que surjan nuevos drenajes ácidos en el resto de las minas en abandono y que las empresas mineras no asumieron como responsabilidad provocando daños en las comunidades al oriente del país”, indicó.
“El Ministerio de Economía debe resolver la situación de la minería artesanal, específicamente cumpliendo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que debe contar con un Plan de Reconversión Económica e incluirlo en el Presupuesto General de la nación”, señaló Morales.
Asimismo, recalcó que debe dar seguimiento social transparente al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo referido a las obras de tratamiento para el drenaje ácido y que estos fondos que sean aprobados por la Asamblea Legislativa, no terminen siendo reasignados a otros rubros.
“Que el órgano Ejecutivo considere como punto urgente, en la agenda de nación, las propuestas del movimiento social ambiental, para contribuir con alternativas y resolver la problemática en las comunidades que todavía se enfrentan a los efectos de la contaminación heredada por las empresas mineras”, puntualizó Morales.
