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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El gobierno de turno mandó su segundo proyecto de presupuesto. Su total es de $7,453,453.5 (siete mil cuatrocientos cincuenta y tres millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil, quinientos dólares). Es mayor al aprobado para 2020 a pesar de la reducción del crecimiento de la economía como efecto del manejo de la pandemia por COVID-19.
Los expertos señalan como incongruencia la estimación de tributos mayor a la aprobada en diciembre del año 2019, lo que insinúa que el Gobierno espera aprobación de incremento del IVA. PROES (Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador) en su análisis señala que la sobreestimación del IVA es mayor a 400 millones y de renta en al menos 100 millones, pero también señala que se sobre estiman otros tributos.
A pesar del abultamiento de los ingresos tributarios esperados, el déficit fiscal y solicitud de endeudamiento asciende a 1,342 millones de dólares. No es casual que a primera vista los economistas y expertos financieros han señalado que ese presupuesto es un arma electoral del presidente y su consejo de ministros, que buscaría la no aprobación de la Asamblea para hacer de la negativa una campaña electoral demandante de votos en favor del partido preferido por el presidente.
El problema para el país es que no está en juego solo un resultado electoral, antes de eso, por sobre todo, está el funcionamiento del país. Y analizan el manejo financiero del gobierno agentes externos como las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales y tenedores de bonos, que se alarman ante el manejo irresponsable de las finanzas por este gobierno.
La baja en la calificación de riesgo del país, uno de los efectos del manejo irresponsable de las finanzas, afecta a todos, altera el valor del dinero de manera negativa, aumenta los intereses de la deuda que se pagan con nuestros impuestos y sacrifica las posibilidades de inversión.
De modo que, al elaborar un presupuesto pensado como arma electoral, también caen en su propia trampa, desprestigian su propio desempeño ante entidades serias, y se verán obligados a presupuestar egresos mayores para ciertas entidades como la Corte Suprema de Justicia y el FODES.
Al sobre estimar ingresos tributarios, el 6 % que corresponde al órgano Judicial será una cifra mayor a lo que realmente recauden, y el 10 % de ingresos tributarios netos para las municipalidades también será mayor.
Estos últimos aspectos no les importan porque los resolverían no pagando o cambiando la ley si tuvieran diputados suficientes para aprobar cada capricho presidencial, ya lo están demostrando con el impago a las municipalidades, el retardo en el pago a los salarios de la Corte Suprema de Justicia y más al de la Asamblea Legislativa. Pero esas imágenes dañan el prestigio internacional del país y las posibilidades de inversión interna.
¿Qué hará la Asamblea con esa arma electoral del Gobierno Bukele? Se la pueden devolver aprobándola. Pueden dejar la aprobación para después de las elecciones, e incluso dejarla para la nueva legislatura. No hay un único camino frente a una provocación política.
Si el organismo encargado de formular presupuesto cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, incumple y no pide derogar la ley, sino simplemente incumplirla, dejar de lado la legalidad relacionada a la política fiscal; bien pueden los diputados señalar las incongruencias del proyecto presentado y aprobarlo haciendo modificaciones.
En 1994, con la nueva legislatura después de las elecciones generales, las viejas costumbres seguían. Una copia en papel del proyecto de presupuesto y que los diputados sacaran las copias para los miembros de la comisión que lo estudiaba. La gestión pública se fue modificando y hoy debiera ese presupuesto estar en línea, llegar en copias físicas y digitales, pero esto lo ignora el ministro Zelaya, volvió a la práctica anterior a 1994, hasta en esas nimiedades muestran su miseria política.
Se divulgan los aumentos que vienen para Educación, Salud, y Fuerza Armada, se hace propaganda y se limita la información; es obvio el retroceso al cual están llevando al país los funcionarios del órgano Ejecutivo.
Con semejante provocación política, el manejo propagandístico de ataque a la Asamblea seguirá escalando.
Es hora de una respuesta que al mismo tiempo que permita a la Asamblea legislativa cumplir su deber, conlleve una respuesta del mismo género. Que sea la población la que reclame, más pronto que tarde, los seguros incumplimientos en la ejecución de un presupuesto alejado de las necesidades sociales de la población que, además, hipoteca su futuro con el mayor endeudamiento de la historia.
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