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@arpassv
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) pidió ayer un mayor presupuesto para la educación y demandó un proceso gradual de incremento hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), el mínimo planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Actualmente El Salvador invierte apenas el 3.4% del PIB en educación, y se encuentra entre los cuatro más bajos de América Latina y El Caribe. El presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES), por ejemplo, no llega ni al 1% del PIB.
Y así como el presupuesto educativo, también son insuficientes las partidas destinadas para salud, seguridad pública, saneamiento ambiental y otras áreas sensibles.
Por tanto, el proyecto presupuestario para el 2018 enviado a la Asamblea Legislativa no es el necesario para “lograr el desarrollo del país”, como dice falazmente el discurso gubernamental; sino el que los partidos de derecha obligan a presentar.
No es el presupuesto que las necesidades y aspiraciones de la población exigen, sino el que más se ajusta a las lógicas neoliberales de la oposición oligárquica: a las cortapisas de la Ley de Responsabilidad Fiscal y a los dictados de los magistrados de Sala Constitucional.
Más que un presupuesto para “alcanzar el desarrollo del país”, es un presupuesto de sobrevivencia. El gobierno debería admitirlo y llamar al pueblo a presionar por un presupuesto acorde a las prioridades de financiamiento estatal.
En vez de someterse a los criterios de “austeridad” y “reducción del gasto público” promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la derecha local, el gobierno “de izquierda” debería desafiar la hegemonía neoliberal y la falta de correlación parlamentaria impulsando junto al pueblo un presupuesto digno.
Igualmente, la apuesta para cubrir los 550 millones de dólares desfinanciados no debería ser la emisión de más bonos de deuda pública; sino un combate más eficiente contra la evasión, la elusión y el contrabando. Si sólo el monto de la evasión es 1,500 millones anuales, bastaría con reducirla en un 33%.
En el tiempo que le queda de gestión, la izquierda gobernante debería ser audaz, jugársela, atreverse, dignarse y recordar que es un “gobierno progresista”. De eso dependen -en gran medida- las posibilidades de no ser desplazada del Ejecutivo en las elecciones del 2019.
