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@RosmeriAlfaro
Para que el Estado cumpla con todas sus obligaciones en el 2018, necesitará un total de 5,520.5 millones de dólares, según el proyecto del Presupuesto General de la Nación, presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Esta cantidad representa el 18.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El ejercicio fiscal 2018 proyecta un total de recursos internos de $4,764.9 millones los cuales serán complementados con desembolsos de préstamos externos por $178 millones y donaciones por $23.5 millones.
Más del 80% de los ingresos previstos para el año 2018 provienen del pago de los tributos, principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que representan $2,003.9 millones así como del Impuesto Sobre la Renta que asciende a $1,826.9 millones. De igual forma, se estiman ingresos corrientes por $4,503.6 millones e ingresos de capital que suman $900 mil.
Asimismo, proyecta ingresos de contribuciones especiales por $260.4 millones, estos se desglosan en aportes provenientes del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) que suman $85.6 millones, el Impuesto sobre la Contribución al Transporte (COTRANS) que será de $42.8 millones y las contribuciones para la seguridad ciudadana que proporcionarán $51.2 millones, entre otros.
Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto es congruente con la tasa de crecimiento real de la economía, estimada por el Banco Central de Reserva (BCR) en 2.5%.
El Órgano Legislativo tendrá un presupuesto de $58.3 millones, el Judicial $274.6, Corte de Cuentas de la República $40.9 y el Órgano Ejecutivo $2,733.5 millones.
Para la cartera de educación se han asignado $932.6 millones, al ramo de salud se destinarán $612.2 millones; y para el Ministerio Justicia y Seguridad Pública $416.4 millones.
Aunque son los ramos con mayor presupuesto, los tres presentan disminuciones en comparación al año 2017, cuando les fueron presupuestados $944.4, $629.8 y $433.9 millones, respectivamente. Aunque, el Ministerio de Hacienda ha explicado que las disminuciones se deben a que algunos préstamos que estaban en el presupuesto ya no se contemplan, pues, ya se ejecutaron.
Del total asignado para educación y salud, $59.5 y $9.2 millones serán invertidos en programas de inversión pública.
Es necesario explicar que ambas carteras de Estado contemplan incremento en remuneraciones, correspondientes al cumplimiento de escalafones (a casi un 82% de trabajadores, que ganan hasta 2 mil dólares), en educación será por un poco más de 8 millones de dólares, mientras que en Salud superior a los $10 millones.
Los ramos con menor asignación son Medio Ambiente y Recursos Naturales con $13.3, Trabajo y Previsión Social con $14.8 y Turismo $16.5 millones.
Según Hacienda, se ha priorizado los gastos con alto contenido social, debido a las restricciones fiscales y financieras existentes.
El déficit fiscal sin pensiones es proyectado en $455 millones, que corresponde al 1 % del PIB y con pensiones de un 2.8% lo que totaliza $820 millones. Mientras que la deuda total del sector público no financiero sin pensiones será de $12,900 millones, el 44% del PIB, mientras que la deuda total con pensiones representará $19 mil millones. Se estima que el déficit previsional para este año sea del 1.2 % del PIB.
Hacienda considera que con la aprobación de reformas al Sistema de Ahorro de Pensiones, realizada la última semana de septiembre, se disminuiría el déficit fiscal, sin embargo no descarta la importancia de un nuevo pacto que permita llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para implementar las medidas de ajuste que demanda la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Los gastos contemplados abarcan el 43.7% para desarrollo social, la administración de justicia y seguridad el 17.4%, el apoyo al desarrollo económico el 9%, la conducción administrativa el 8.8%, las obligaciones del Estado el 2.7%, y la deuda pública, el 18,4%.
La estimación que regirá el ejercicio 2018 establece $1,015 millones para el pago de la deuda pública; un aumento de $100.4 millones en comparación al año anterior. Este es el primer presupuesto en que la partida más grande, en lugar de ser la de educación la constituye el pago de la deuda pública.
Es de destacar que el presupuesto requerirá de una nueva deuda por un monto de $554 millones, por lo que será necesario una aprobación por mayoría calificada (56 votos) en la Asamblea Legislativa.
El ejercicio fiscal también incluye las cantidades que se necesitarán para el pago de subsidios. Al subsidio de gas licuado, Hacienda estableció $16.6 millones, para el de transporte público de pasajeros $42.8 millones; y $50 millones para el subsidio de energía eléctrica.
Además, incluye las transferencias en millones para otros financiamientos como el de Gobiernos Municipales que es de $347.9 millones, al Programa para la Rehabilitación Sector Agropecuario se destinará $7.2 millones y para el financiamiento al Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado se otorgarán $67.2 millones.
Ante las declaraciones de los dirigentes del partido de oposición, quienes afirman que el presupuesto “refleja las prioridades de un partido y no las del país”, algunos de los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han asegurado que este puede parecer complejo, pero es totalmente transparente.
Esta semana inició la discusión del proyecto de presupuesto, en el primer órgano del Estado. Un análisis que puede alargarse si no se superan las diferencias y se logra un consenso político sobre el tema para evitar cualquier declaratoria de inconstitucionalidad, como ocurrió con el del año 2017.
