Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Víctor Manuel Valle Monterrosa
La aprobación del presupuesto para financiar programas públicos desde el Estado siempre es noticia importante. Las Finanzas Públicas son una disciplina que demanda rigor intelectual e instrumental matemático para manejar el equilibrio entre ingresos y egresos orientados a financiar programas con los que el Estado cumple sus obligaciones con la sociedad que lo fundamenta.
Las presentes reflexiones surgen desde la óptica política de un lego y con vistas a destacar la importancia del presupuesto público como instrumento de gobernanza y expresión de fortaleza del Estado.
Hace más de 50 años, cuando estudiaba un posgrado en educación en Estados Unidos, llevé como materia optativa un curso sobre “National Accounts”, que me permitió entender los elementos de los ingresos del Estado, basados principalmente en impuestos, y los necesarios egresos para financiar sus programas.
A fines de diciembre se dio a conocer que la Asamblea Legislativa aprobó como Presupuesto General del Estado, para el recién nacido 2023, $8,902 millones, 700 mil dólares, lo cual representa, según los comunicados oficiales, un aumento del 3,2% con respecto al año anterior. Es buena noticia que, en medio de las precariedades causadas por la pandemia y la guerra en Ucrania, nuestro país disponga de un aumento en su presupuesto público.
Creo que el presupuesto público es un instrumento de gobernanza, para usar ese neologismo puesto de moda a partir de los años 1970 por diversos políticos y académicos, y que, en términos generales, consiste en que los actores económicos y políticos fundamentales, bajo la conducción del Estado, mantengan una interacción equilibrada para avanzar en el anhelado desarrollo integral que minimice las desigualdades sociales y la injusta distribución del ingreso nacional.
Por eso el presupuesto público debe financiar las funciones obligatorias del Estado de acuerdo a cómo, legítimamente, se organiza el poder en un país y se atienden las necesidades básicas de la población. Esa es la teoría entendible y aceptada ampliamente.
El peso específico del Estado en el funcionamiento de la sociedad se expresa en el presupuesto público financiado con base en la recaudación, principalmente vía impuestos, y que provee los fondos para programas que aseguren a los habitantes condiciones mínimas de una vida digna.
Al dividir el monto del presupuesto público aprobado ($8,902.7 millones) por la población actual en El Salvador (6,520.000) se obtiene que dicho presupuesto es equivalente a $1,366 por habitante.
¿Es esa cantidad suficiente o justa? La respuesta a esas preguntas está en el ámbito de la política, la organización de la economía y la eficacia del estado a cargo de garantizar el bienestar de los habitantes.
Los fondos que ahora tienen los Estados para financiar sus programas se basan en varios factores: una trayectoria de recaudación; uso racional de recursos; honradez administrativa y, sobre todo, en función de qué intereses operan los Estados.
Para concebir posibilidades futuras y dotar al Estado salvadoreño de una cantidad óptima de fondos es pertinente examinar lo que tienen otros Estados similares de la región.
Mientras para el 2023, en El Salvador, el presupuesto público es de $1,360 por habitante, en Costa Rica es $3,660, en Panamá es $6,290, en Honduras es $1,580 y en Chile es $4,246, cifras obtenidas con la misma operación aritmética con la que se obtiene la de El Salvador y con base en información periodística.
Es evidente que esos Estados cuentan con más recursos para financiar sus programas. Los especialistas en finanzas públicas de nuestro país pueden examinar, mutatis mutandis, por qué y desde cuándo ellos han tenido disponibilidad de más fondos para apoyar sus programas.
Es importante, entonces, revisar el régimen de recaudación de impuestos y si se cumple aquel perenne anhelo de que quienes más ganan tributen más y revertir lo que ya es una costumbre arraigada de tener a los asalariados y a los consumidores de abajo como los principales financistas del presupuesto público.
El Salvador ha tenido en sus etapas históricas la posibilidad de que en su economía y su sociedad coexistan diversas modalidades de desarrollo y modernidad. Hace un siglo, mientras el café recién cortado era conducido a los beneficios en carretas tiradas por bueyes, con boyeros descalzos y a lo sumo con caites, había personal calificado para exportar el café beneficiado al mundo desarrollado y seguirle la pista a las Bolsas de Nueva York o Londres.
En la actualidad, mientras hay un bajo porcentaje de la población que vive con comodidades, hay muchas personas que no tienen acceso permanente a agua potable.
En otras palabras, la gobernanza, en términos de conducción política sin conmociones ni desigualdades, y la fortaleza del Estado han sido débiles. Lo que se mantiene casi sin alteraciones son los rasgos esenciales de lo que llamo la “máquina de hacer y acumular ganancias”.
Noticias recientes nos dicen que en nuestro país a unos pocos les va muy bien.
Una cadena de supermercados anuncia que inaugura su establecimiento número 108. Un grupo empresarial informa que en el 2022 vendió más de 29,000 vehículos automotores nuevos. Un grupo de constructores pide en un campo pagado que le vendan predios en el Gran San Salvador, para seguir construyendo condominios, y un comerciante de gran escala inaugura en la Escalón una torre, centro comercial de primer mundo.
Sin duda, esos fuertes empresarios no pueden decir que les va mal y les satisface que “la máquina de hacer y acumular ganancias” y la matriz de los poderes fácticos no hayan tenido alteraciones esenciales a lo largo de la historia republicana.
Hay mucho por hacer para construir un régimen donde se consolide un modelo de mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de los más necesitados. Por eso hay que humanizar la tributación. Ese es el desarrollo que se debe buscar en el 2023 y años futuros.
