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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hay elementos que arrojan incertidumbre como la creación de la Dirección de Minas, Energía e Hidrocarburos, ser parte el Foro Intergumental de Minería Metálica y una exploración del potencial minero en El Salvador”, señaló el ambientalista Luis González, de la UNES y la Mesa Frente a la Minería Metálica, al referirse a una situación que pone en riesgo el agua, la tierra y la salud de la población.
Han pasado 5 años desde la victoria de las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y la iglesia, que lograron la creación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pero, ahora, se encuentra en una encrucijada porque sin importar que exista este marco jurídico que restringe la explotación de metales preciosos esta misma no está adecuadamente implementada.
Ante esta situación las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM) presentó una propuesta para el Nuevo Reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada el 29 de marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa, que entregaron al Ejecutivo 17 de noviembre en la espera de establecer un diálogo para su implementación.
La propuesta “Considera aspectos como la amenaza de la minería transfronteriza, vemos como Mesa la importancia de aportar en la operatividad la prohibición. Y como primer punto, será el cierre técnico de minas que se desarrollaron en el pasado y que se identifican los pasivos mineros y ver como se realiza un cierre más adecuado para no impactar a la población”, argumentó González.
En un segundo aspecto, por los impactos en el agua y el ecosistema, sugirió buscar alternativas para restaurarlo desde un plan que organice la participación técnica y la reconversión económica que daba 2 años plazo (2017-2019), para que la gente obtuviera ingresos lejos de la minería artesanal.
Para Edgardo Mira,de CEICOM y la MNFM, este retardo de implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica coinciden con las señales de intencionalidad de abrir la explotación minera. Y, por tanto, consideraban que la propuesta de Reglamento era necesaria en este contexto.
“Con esto queremos reafirmar que nosotros estamos por lograr la implementación absoluta de la Ley de Prohibición, e identificamos como un aspecto clave el -cierre técnico de minas- porque las minas viejas no se cerraron como deberían para evitar o eliminar posibles focos de afectación socioambiental que normalmente se derivan de las minas, esto sigue siendo una demanda importante que debe acatarse”, sostuvo.
En cuanto a la “remediación ambiental”, Mira agregó que existen “casos graves” como la mina San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión, que generó “drenaje ácido”, que mantiene al río sin vida y continúa afectando el medio ambiente y la población de la zona y aguas abajo. “No hay ninguna medida que aborde la reconversión de la conocida minería artesanal con otras actividades económicas que les permitan a la población ser sostenibles y aceptables para la población. En este sentido, sigue la minería artesanal (güiriceros) lo que sigue afectando a las comunidades, porque siguen utilizando elementos químicos como el mercurio que contamina el agua que afecta también la salud”, manifestó Mira.
Vidalina Morales, lideresa deADES Santa Marta y la MNFM, reiteró que esta nueva propuesta que le fue entregada al Ejecutivo, parte de una investigación, análisis y estudio de abogados con experticias en el derecho ambiental y específicamente sobre la problemática minera del país.
“Demandamos del gobierno que reciba esta propuesta y luego, establecer una mesa de diálogo -esto urge- para solventar esta contaminación que han dejado las minas que se explotaron en los años cincuenta que aún repercuten ambientalmente como la mina San Sebastián”, afirmó.
“De no enfrentar estas problemáticas, por eso planteamos para el nuevo Reglamento la conformación de una Autoridad Coordinadora para el Cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la cual deberá estar presidida por el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y lRecursos Naturales, la participación de representantes de las comunidades en donde existan pasivos mineros, las municipalidades y organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema ambiental del país”, agregó Morales.
Otro de los aspectos desarrollados en la propuesta del nuevo Reglamento, se encuentra el censo o registro de personas o grupos que desarrollan la minería artesanal de forma directa, con el fin de identificar y dimensionar el alcance que tendría el gobierno con el Plan de Reconversión Productiva.
Así también, debe realizarse un estudio técnico que determine los impactos socioeconómicos familiares de las reconversión y el número de minas a cerrar y determinar el área de influencia geográfica de cada una, y que toda esta información sea de carácter público para diseñar el Plan de Cierre de Minas y de Remediación Ambiental.
Asimismo, la Mesa Frente a la Minería Metálica sugirió que el Ministerio de Hacienda debe respetar y asignar un presupuesto anual necesaria para asegurar la ejecución del Plan de Reconversión Productiva, así como todas las obligaciones estatales que emanan de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su reglamento, que deberá ser superior al 0.003% asignado en materia de inversión pública en los últimos dos años y lo que proyecta el presupuesto para 2023.
