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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Este primero de mayo, Día Internacional de la clase trabajadora, es un momento propicio para elevar la reflexión sobre una de las conquistas alcanzadas, la seguridad social, y particularmente el derecho a contar con una pensión, luego de haber entregado una vida activa, produciendo bienes o servicios para disfrute de los demás. Varias organizaciones laborales anunciaron que entregarán al presidente de la República su propuesta para la reforma integral del sistema de pensiones.
A lo largo de la historia universal la realidad indica que unos pocos poseen capacidad de acumular riqueza y que la mayoría de trabajadores viven en lucha constante para hacer ajustar los ingresos a las necesidades de sostenerse y sostener a la familia; esta realidad de la lucha de clases, negada por quienes acumulan privilegios y riqueza, representa una permanente tensión; por un lado la presión para alcanzar a cubrir con salarios bajos las necesidades vitales como alimentación, vestido, transporte, educación, salud y recreación por parte de los trabajadores, y la de acaparar ganancias, pagar menos impuestos y eludir la responsabilidad social de los empleadores.
Para nuestro país, la conquista del derecho a una pensión de invalidez y de vejez es relativamente reciente; y en la cresta del neoliberalismo, los gobiernos de Arena privatizaron las pensiones, dejando en la sociedad una secuela ideológica sobre la “propiedad personal del ahorro o cotización”, beneficios supuestos que, llegado el momento, solo una minoría alcanza, y un manejo administrativo que depende de desembolsos y deuda del Estado, en tanto las pensiones las entregan las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, y ellas mismas reciben las cotizaciones de los trabajadores, ganando por ello una alta tasa que jamás puede compensar una tasa de interés (oscila entre 35% y 17% del total de cada cotización).
En el mundo, solo 17 países mantienen este tipo de sistemas; la mayoría tiene sistemas públicos de naturaleza solidaria, en los que las cotizaciones de los activos se emplean para pagar las pensiones de los que finalizan su vida laboral.
A estos sistemas, más allá de los matices de cada lugar, les denominan “de reparto o solidarios”, y a los privatizados les denominan “de capitalización individual”.
Se realizan campañas permanentes, una verdadera lucha ideológica, fomentando la creencia de que es bueno y es lo mejor saber el saldo de los ahorros de cada trabajador, pero poco se le aclara que la base para una buena pensión es el salario. La historia demuestra ya, de manera contundente, que lo ahorrado y los intereses devengados son insuficientes para una pensión digna, que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras tiene salarios menores a mil dólares y que con las cotizaciones y el manejo de las AFP, que toman a la entrada, una quinta parte de cada cotización en concepto de comisión, va a requerir siempre, del aporte estatal para una pensión mínima en el momento en que sus ahorros se terminen, y que estos duran en promedio, entre 4 y 7 años.
Los defectos del sistema privatizado se detectaron desde el origen, se criticaron en los primeros 3 años, se hicieron reformas que, lejos de arreglar los defectos, profundizaron los problemas, creando inseguridad en el pago de pensiones y han generado un enorme problema fiscal. Pero una crítica a fondo de esa realidad, creada sin cumplir los requerimientos de endeudamiento público que nuestra carta magna establece, de inmediato choca con el muro de los pocos que salen ganando por la privatización: las AFP y sus acólitos políticos y falsos representantes laborales.
Pero ha llegado la hora en que los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones laborales se den el tiempo necesario para analizar el presente y futuro de las pensiones y asuman con firmeza una postura que sea escuchada y respetada por quienes pueden iniciar la corrección de este enorme problema: las y los diputados.
Igualmente ha llegado la hora para que las fuerzas políticas den la cara a esta realidad que golpea a la generalidad, y cuyo fin es mantener los privilegios de unos cuantos dueños y amigos de las AFP.
Para que las pensiones dejen de ser una historia de poca duración, es preciso asumir la responsabilidad histórica de cambiar el sistema, con el fin de volverlo sostenible en el tiempo y que la generalidad deje de ser sacrificada por una minoría, como ocurre hoy, que con los tributos de la generalidad, se mantiene un sistema privatizado en la cotización y de reparto en el pago de las obligaciones previsionales.
Que mejor bandera para la clase trabajadora que la de asegurar un posicionamiento apegado a la realidad, salir de la mentira y realizar la defensa de sus intereses.
