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@arpassv
El año que recién inicia no es para “corregir el rumbo del país”, treatment como dice la propaganda de la derecha oligárquica; sino para profundizar las políticas públicas y acciones ciudadanas que constituyen importantes procesos de cambio.
En tal sentido, site el gobierno debe ampliar sus programas de inclusión social, no rx acceso a la información pública, reactivación productiva, etc.; y las organizaciones populares deben intensificar la lucha contra la corrupción, la incidencia para democratizar las comunicaciones, la defensa del medio ambiente, etc.
2015 es el año para seguir reduciendo la exclusión y construir un país menos desigual; por tanto, una de las prioridades debe ser la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. A partir de las medidas tributarias aprobadas el año pasado incorporar impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial y a los bienes de lujo.
También se debe combatir más efectivamente a la evasión y elusión tributaria, proponer la renegociación de la deuda externa y recuperar los dineros de la corrupción. Complementariamente, el Estado debe utilizar eficiente y trasparentemente los recursos disponibles.
La violencia e inseguridad representa otro desafío para este año. Para esto el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia presentará en los próximos días una serie de propuestas resultantes de un debate plural donde participan organizaciones sociales, sector empresarial, iglesias, academia, gobierno, partidos políticos y cooperación exterior.
Estas medidas, que combinan elementos de prevención, represión y reinserción, impactarán positivamente en el grave problema delincuencial que sufre el país.
En materia ambiental, la aprobación de la ley de agua, la prohibición de la minería y una política integral de gestión de riesgos, son prioridades postergadas. La ley de agua está bloqueada por los intereses privatizadores que defiende la derecha parlamentaria, especialmente ARENA; y la ley prohibitiva de la explotación minera cumplirá 10 años durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático.
En cuanto a la consolidación democrática, el creciente debate sobre el derecho a la comunicación debe concretarse en nuevos marcos jurídicos y políticas públicas tendientes a la construcción de un modelo mediático más plural que refleje mayor diversidad de voces.
Esto es especialmente urgente porque se aproximan dos acontecimientos estratégicos para las posibilidades de reconfigurar el esquema mediático del país: la renovación de las concesiones de radiodifusión en el año 2017 y la digitalización de la televisión en 2018.
