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@arpassv
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) quedó en deuda con el país en 2016: mora judicial, falta de depuración de jueces corruptos, acciones dudosas de la Sección de Probidad y bajos niveles de transparencia. A esto se suman las criticables actuaciones de la Sala Constitucional, con resoluciones que afectan la institucionalidad y bloquearon las finanzas públicas.
Por tanto, las prioridades de la CSJ durante el año que recién comienza deberían ser: terminar la mora judicial, avanzar en la depuración judicial, transparentar su gestión y corregir las actuaciones de la Sala Constitucional.
Para reducir la mora judicial y avanzar en la depuración de jueces corruptos es necesaria una labor más eficiente de las diferentes salas que tienen centenares de demandas acumuladas, de la Dirección de Investigación Judicial que mantiene unos mil expedientes de denuncias contra jueces y de la Corte Plena que no parece interesada en agilizar estos procesos para garantizar la plena y cumplida justicia.
En relación a la Sección de Probidad, es necesario transparentar los criterios y procedimientos. En hora buena el rol que está jugando esta instancia, pero llama la atención -por ejemplo- que priorice en casos más recientes y deje de lado los más antiguos, ¿será para que prescriban y queden impunes? Esto debe corregirse, la Corte Plena debe tomar cartas en este asunto.
Con respecto a la Sala Constitucional, es necesario que ésta atienda su rol de defender el cumplimiento de los principios y disposiciones constitucionales, en vez de abusar de sus funciones y sus magistrados ponerse por encima de la ley y del control ciudadano. La Sala no debe ser funcional a las estrategias de desestabilización y de asfixia financiera de la derecha contra el gobierno. En este sentido, debe rechazar la demanda de inconstitucionalidad presentada por las gremiales empresariales que objetan el reciente incremento del salario mínimo.
Y, finalmente, sobre la falta de transparencia, la rendición de cuentas no es cosa de la CSJ, especialmente de la Sala Constitucional que niega información sobre salarios y viajes de sus magistrados. Éstos, incluso, se niegan a decir qué temas abordaron y qué acuerdos tomaron con un grupo de medios conservadores en una reunión realizada en el oligárquico Grupo Poma.
La CSJ se gasta el 6% del presupuesto nacional sin rendirle cuentas al país, sus debates no son públicos como sí lo son en la Asamblea Legislativa y los niveles de acceso a la información pública son los más bajos en toda la institucionalidad estatal. Por tanto, el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas deben ser también prioridades judiciales.
