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@arpassv
Una fuerte crítica al desempeño de la Fiscalía en 2016 fue sobre el sesgo político de sus acciones contra la corrupción, sobre todo la negligencia en casos que involucran a personeros del oligárquico partido ARENA: “destinatarios” de las donaciones de Taiwán, FECEPE, entre otros. Por tanto, una prioridad fiscal debe ser una actuación más imparcial, coherente y transparente.
En tal sentido, la Fiscalía debe proceder contra la veintena de dirigentes, ex dirigentes, funcionarios y ex funcionarios areneros involucrados en la trama de corrupción con las donaciones de Taiwán encabezada por el ex presidente Francisco Flores: los que participaron en apertura de cuentas y recepción de fondos. Aquí hay conocidos empresarios y políticos que hoy se rasgan las vestiduras hablando de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
También debe ser enjuiciada la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, por el “Caso FECEPE”. La actual diputada de ARENA está involucrada en el reparto irregular de 38.5 millones de dólares del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos. De Escobar también debería ser investigada en el “Caso Infocentros”, corrupción en el Seguro Social cuando fue directora y en la corrupción del ex presidente Antonio Saca.
Además, deben retomarse casos como RHESSA, ex bulevar Diego de Holguín, Hospital de Maternidad y los 152 casos presentados por el gobierno del ex presidente Mauricio Funes ante la Fiscalía. Casos que involucran a conocidos ex funcionarios areneros, principalmente de los gobiernos de Flores y Saca.
Prioridad de Fiscalía también debe ser agilizar el cobro judicial de los impuestos no pagados y procesar a los evasores. En esta lógica, tienen que avanzar casos como el del magistrado de la Sala Constitucional, Belarmino Jaime, señalado de evadir unos 6 millones de dólares a través de las empresas GCA Telecom y HP Holdings.
En esta misma línea deberían ser investigadas las empresas salvadoreñas que tienen firmas “offshore” en Panamá y otros “paraísos fiscales”. Entre éstas Telecorporación Salvadoreña (TCS), consorcio mediático que se autocompra derechos de transmisión de eventos internacionales a través de una empresa en Islas Vírgenes.
A propósito de TCS, ojalá que la Fiscalía llegue a fondo en la asquerosa trama de prostitución infantil que involucra, entre otros, a Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, animador emblemático del principal grupo televisivo del país.
Y en relación a la delincuencia pandilleril y crimen organizado, Fiscalía debe centrar sus esfuerzos en desarticular las estructuras logísticas, financieras y de conducción. Es necesario ir hacia las “autorías intelectuales” de la violencia que enluta al país: políticos que manejan los hilos de las pandillas, grandes empresarios vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, etc.
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