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@arpassv
Este año las organizaciones progresistas tienen varios desafíos urgentes en los ámbitos económico, político, social, ambiental y cultural, que deben asumirse con una perspectiva contrahegemónica y de cambio estructural para poder avanzar en la búsqueda de las transformaciones necesarias para construir un país más democrático, incluyente y sustentable.
En lo económico es necesario presionar a la oposición política, sobre todo al oligárquico partido ARENA, para que contribuya a la solución de la crisis fiscal, aprobando el financiamiento necesario para evitar impagos gubernamentales y apoyando las reformas legales requeridas para un combate más efectivo contra la evasión, elusión y contrabando.
De igual forma se debe exigir a la izquierda gobernante una ruptura con las lógicas neoliberales y reorientar su política económica, descartando como solución a la crisis fiscal poner más impuestos a la gente o aplicar las tenebrosas recetas del Fondo Monetario Internacional (aumentar el IVA, quitar subsidios, elevar la edad de jubilación y no aumentar el salario mínimo).
En lo inmediato es especialmente urgente que todas las organizaciones progresistas cierren filas en defensa del incremento al salario mínimo, movilizándose contra la Sala Constitucional que tiene en sus manos una demanda que busca revertirlo, respaldando la gestión del Ministerio de Trabajo y denunciando a las empresas que se niegan a implementarlo envalentonadas por las declaraciones del ministro de Economía sobre supuestos efectos negativos del aumento salarial.
En lo ambiental, es urgente presionar por medidas que reviertan el grave deterioro ecológico, especialmente de los recursos hídricos; por tanto, hay que presionar a la Asamblea Legislativa, principalmente a los diputados de derecha, para que aprueben la Ley General de Agua y las leyes de Agua Potable y de Saneamiento. También urge aprobar las leyes prohibitiva de la minería metálica, de soberanía alimentaria y contra los agrotóxicos.
En lo político es necesario impulsar la depuración judicial, exigir que la Sala Constitucional no sea instrumento de la oligarquía y que la Fiscalía actúe con imparcialidad en la lucha contra la corrupción. En la Asamblea, que los grupos parlamentarios actúen basados en los intereses comunes y legislen para resolver los problemas del país, y no en función de intereses particulares.
En lo social, las organizaciones deben respaldar al Ejecutivo en el fortalecimiento de los programas de protección social, las medidas de seguridad pública y la búsqueda de acuerdos nacionales. Especialmente importante es también la democratización de las comunicaciones mediante la aplicación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, el proceso de renovación de las concesiones radioeléctricas y la migración hacia la televisión digital.
