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Redacción Nacionales/YSUCA
Las notificaciones de que su proceso de instrucción podría alargarse dos años más ha sorprendido a los detenidos bajo el Régimen de Excepción, denunció en las últimas horas el Socorro Jurídico Humanitario.
Hay que destacar que el régimen de excepción se decretó el 27 de marzo de 2022, luego de que hubo un repunte de homicidios que sumaron 87, tras romperse un pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas.
La las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción” se otorgan facultades a la Fiscalía General de la República hasta un máximo de 24 meses para investigar a los imputados. “Una vez agotado dicho plazo, se aplicarán las reglas dispuestas en el Art. 17 de la Ley contra el Crimen Organizado”, cita el artículo 4 de dicho decreto.
Y además, en el artículo 5 se le agrega que de no cumplirse con este procedimiento en el plazo dispuesto o si el fiscal no se pronuncia respecto a la determinación de la agrupación ilícita a la que pertenece un imputado, el juez, sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo y dejará sin efecto cualquier medida cautelar. Este plazo vence en julio de 2025, sin embargo, la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, afirmó que a las personas que no pertenecen a grupos de pandillas y que fueron detenidas arbitrariamente por la PNC, se les podría extender su período de instrucción hasta 2026, según las notificaciones que han recibido.
Esta decisión ha generado preocupación, ya que permanecerán más tiempo en prisión sin justificación.
Escobar señaló que el Decreto 803 está siendo aplicado e interpretado de manera diferente por diversos tribunales.
De acuerdo con Escobar, si los diputados amplían el Decreto 803 por más tiempo, las personas detenidas arbitrariamente, y que tienen orden de libertad, por no estar vinculadas a las pandillas, estarán más tiempo en la cárcel.
La abogada del Socorro Jurídico, Jayme Magaña, expuso el caso de un joven que lleva 54 días con orden de libertad y que los centros penales no la hacen efectiva.
Magaña manifestó que este joven tiene discapacidades en un brazo y, a pesar de no pertenecer a pandillas, no ha sido liberado.
Edwin Samuel Hernández Cali, de 18 años, fue liberado hace unas semanas luego de dos meses de tener carta de libertad, y que una Cámara de Menores de San Miguel lo absolviera.
En noviembre, un Juzgado de Menores lo condenó a 10 años de prisión, pero la defensa presentó pruebas que evidenciaban las contradicciones en las declaraciones de los policías y militares captores.
El Socorro Jurídico Humanitario cuestionó que muchos de los detenidos, como en los dos casos antes expuestos, pasen años en prisión esperando la etapa de instrucción.
