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Por Liliana Samual
Buenos Aires/AFP
El exgeneral Luciano Menéndez fue condenado el viernes a prisión perpetua por el crimen del obispo Enrique Angelelli durante la dictadura (1976/83), sales en un juicio sin precedentes en el que el papa aportó dos cartas con denuncias que el religioso envió al Vaticano.
El exmilitar de 87 años, que ya tiene siete condenas a cadena perpetua por otros delitos de lesa humanidad, fue acusado de ordenar el asesinato de Angelelli, entonces obispo en la provincia de La Rioja (noroeste argentino), que la dictadura había encubierto como un accidente de tránsito.
Se trata de la primera condena por el crimen de un sacerdote de alta jerarquía en Argentina durante el régimen militar y de un caso que contó con el particular compromiso del papa Francisco, que aportó dos cartas con denuncias sobre la dictadura que Angelelli había escrito al Vaticano antes de ser asesinado.
La Justicia de La Rioja condenó también a cadena perpetua a otro exmilitar Luis Estrella, que como Menéndez «fue hallado culpable del homicidio del prelado», dijo el magistrado José Quiroga Uriburu junto a Juan Carlos Reynaga y Carlos Julio Lascano.
Al conocerse las condenas se escucharon aplausos y gritos de alegría en el tribunal que decían: «Viva Angelelli», «¡Angelelli está presente!».
El abogado Guillermo Díaz Martínez, querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, había anticipado que el viernes sería «un día histórico no solamente para los riojanos sino para toda Argentina y América Latina» por esta sentencia.
Denuncias antes de su muerte
El 4 de agosto de 1976, el obispo falleció a los 53 años al volcar el automóvil en el que regresaba de un homenaje a los sacerdotes Gabriel Longueville (francés) y Carlos Murias (argentino), secuestrados, torturados y fusilados dos semanas antes en La Rioja.
Viajaba acompañado por su colaborador, el entonces sacerdote Esteban Pinto, quien sobrevivió y es querellante en el juicio.
El régimen atribuyó la muerte a una supuesta pérdida de control del auto que conducía y cerró la causa.
En 1986, ya en democracia, la Justicia reabrió la causa y consideró probado que se trató de un homicidio, pero el caso volvió a quedar archivado al sancionarse las leyes de amnistía, hasta su anulación en 2003.
Según la investigación, el vehículo del obispo fue embestido por otro que lo hizo volcar, tras lo cual Angelelli fue retirado del auto, golpeado en la nuca y su cuerpo arrastrado hasta el medio de la ruta, donde quedó tendido en forma de cruz.
Angelelli escribió en una carta al Vaticano, leída en el juicio, que estaban «permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia».
«Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército», aseguró el obispo.
Impulso de Francisco
Estos textos se sumaron al juicio luego de que el papa, que se había comprometido a aportar datos, enviara al tribunal dos documentos archivados por cuatro décadas.
Se trata de la carta de Angelelli al entonces nuncio apostólico Pío Laghi y otra con el relato detallado, día por día, del asesinato del párroco Longueville y el franciscano Murias el 18 de julio de 1976.
«Desde las víctimas y desde el Estado realmente se está agradecido al aporte que hizo su Santidad», declaró el jueves el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, quien viajó a La Rioja, 1.000 km al noroeste de Buenos Aires, para la lectura de la sentencia.
Entre decenas de juicios que se realizan en Argentina desde 2003, con más de 500 condenados, este es el primero sobre el crimen de un obispo.
Un centenar de religiosos, la gran mayoría católicos, fueron desaparecidos o asesinados durante la dictadura, entre ellos dos monjas francesas y el obispo San Carlos Ponce de León.
A diferencia de un sector de la Iglesia Católica, credo mayoritario en Argentina, la jerarquía de la Iglesia Católica fue muy cuestionada por su silencio durante esta época en la que desaparecieron unas 30.000 personas, según organismos humanitarios.
