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El título de la reflexión parece una amenaza subida de tono, mind un ultimátum irreal, and obsoleto y fuera de contexto, pero… no lo es, de eso pueden dar cuenta los miles de sindicalistas, estudiantes, graduados, amigos y, ante todo, excombatientes de la guerrilla que hicieron de la Universidad de El Salvador su “casa grande” y están dispuestos a defenderla más allá de la legalidad sin salirse de ella, pues constitucionalmente se le reconoce su autonomía y carácter público inalienable.
Uno de los procesos de cambio, en reversa, que preocupa a los académicos por haber signado las últimas dos décadas, es la exigencia de readecuar la educación universitaria a nivel mundial rumbo a su privatización por cualquier vía: abierta o solapada llamándole concesión de servicios o asocio público-privado; directa o indirecta, desfinanciando a la universidad pública tal como hicieron con la escuela o al subsidiar a las universidades privadas, en todo caso el resultado es el mismo. Tal proceso no tiene una definición unilateral ni se concreta en un campo acotado de elementos. Su análisis implica múltiples lógicas y presenta varios matices una vez que, por descuido de la comunidad universitaria, se posiciona en marcos regulatorios que hábilmente violan la Constitución sin que nadie lo perciba y se apropia del tiempo-espacio universitario para subsumirlo en la lógica del capital. En ese sentido creer que la burguesía salvadoreña respetará la autonomía que la Constitución le otorga a la universidad pública es, en el mejor de los casos, una pueril ingenuidad que olvida que los servicios básicos han sido –o quieren ser- privatizados no obstante su carácter de bien público inalienable; una ingenuidad reaccionaria que no quiere recordar que en nombre de tal Constitución el pueblo fue masacrado en las calles y sumido en la miseria extrema.
De más está aclararle a los científicos sociales y al FMLN que la regularidad empírica, las normas de los organismos financieros internacionales y el resultado de la investigación social reconocen que la privatización de la educación universitaria pública sigue o abre la ruta de otras actividades, productivas o de servicios, en manos del sector público, o sea la enajenación patrimonial de sus servicios y bienes mediante contratos de asocio, concesión o venta a particulares. En el caso de la UES lamentablemente –por ignorancia o por falta de presupuesto- podemos citar varios casos ejemplares.
El proceso de privatización de la educación preuniversitaria (con el abandono del centro escolar y la propagación infame de colegios privados durante las gestiones de la derecha y que de ganar ARENA las elecciones se profundizará) y de la educación superior en el mundo y en el país (con la proliferación de voraces universidades privadas que sinceramente están muy lejos de la calidad académica y de la transformación social) como resultado del continuo proceso de desatención del Estado en materia económica y social es –como si se tratara de la instalación de enclaves eruditos- uno de los mayores riesgos para la soberanía, el bienestar nacional y la paz. En El Salvador todo empeoró con la política de exclusión educativa y laboral de la juventud llevada a cabo por la burguesía para fortalecer, por acá, la migración que envía remesas puntuales (por eso se redujo el número de años del bachillerato); y por allá para desmantelar a la universidad pública debido a su habitual protagonismo político junto al pueblo. Pero en lugar de la simple puesta en el mercado de la universidad pública y sus servicios -lo que coincide con la privatización real o virtual de los servicios públicos- ocurre un fenómeno que siendo contrario no lo es: la puesta del mercado al interior de la universidad pública, o sea de su racionalidad, control, explotación, despotismo y su forma de gestión típica que viola su autonomía: la competencia, que es lo que explica que se hable al interior de la universidad pública de “educación por competencias” y “emprendedurismo”, retórica que es válida en las universidades privadas debido a la esencia de las mismas.
Privatización equivale a la acción deliberada de impregnar (en el peor caso colonizar) el tiempo-espacio público con la lógica voraz del mercado. Ese signo del natural hecho capitalista se reconoce en términos de mercantilización (marketing) y comercialización de la educación superior pública y se ha “vendido” a través de un amplio espectro de falacias académicas sobre la calidad, eficiencia, orden, control, responsabilidad, impacto mediático, entre otras, que se presume mejoran las condiciones de competitividad del sector en su conjunto, de las instituciones y funciones en lo particular y de los agentes encargados de procesar las acciones universitarias: estudiantes, académicos, funcionarios, empleados y organismos de gobierno universitario. En la Ley de Asocio Público Privado (considerando VIII) se dice que: “por las razones antes expuestas, se hace necesario emitir una ley que permita establecer un marco normativo para el desarrollo de proyectos, de asocios público-privados para la provisión de infraestructura y servicios públicos y de interés general, de forma eficaz y eficiente”.
Tal lógica trata de la búsqueda de fondos alternos o complementarios del subsidio público, como el aumento de la cuota estudiantil, la venta de productos y servicios incluidos los de formación (posgrados), investigación (consultorías y licitaciones), equipamiento y construcción de infraestructura cuyo mantenimiento será dado por el inversor privado, con lo cual incluso la función básica de la proyección social se convierte en mercancía o en un servicio decidido por la relación costo-beneficio. En muchos casos el financiamiento extraordinario se logrará también asignando un precio a los servicios universitarios ordinarios como: exámenes, acceso a internet, uso de instalaciones, enseñanza de idiomas, expedientes, etc. Con todo ello se justifica la presencia de la empresa privada con la falacia del desarrollo interno. Al respecto en la Ley de Asocio (título “Contratos de asocio público-privado atendiendo a la naturaleza económica del proyecto”) el Art. 5 reza: “considerando su naturaleza económica, los contratos del artículo anterior se clasificarán en: a) Autosostenibles: aquellos en los que los ingresos derivados de las tarifas cobradas directamente a los usuarios cubran los costos del proyecto durante la vigencia del contrato y permitan al participante privado obtener una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones de mercado, sin demandar recursos o garantías de ningún tipo provenientes del Estado. Los bienes propiedad del Estado sin que por ello el proyecto deje de considerarse autosostenible”. Pero en ese tipo de asocios el riesgo no lo corre el inversionista privado, lo corre el pueblo: el riesgo de perder los bienes públicos por la vía de la “expropiación legal”.
No menos cardinal es el análisis que aborda la creciente participación privada en el tiempo-espacio de la educación superior, o sea el aumento de universidades privadas y por tanto el desarrollo de una mayor capacidad de cobertura, al menos en términos numéricos. En el país las universidades privadas (verdaderos nichos de ideología burguesa y exóticas maquilas de explotación que han matado a “la opinión de clase” con el arma blanca de la irreal “opinión pública”) históricamente anteceden a los procesos de privatización citados, y eso tiene su explicación en la participación de la universidad pública en la guerra civil de los años 80s, razón por la cual –pensó la dictadura militar, ese contexto tétrico que quieren revivir Norman Quijano y Portillo Cuadra- había que ocuparla militarmente hasta el límite del cierre de su campus, ahogarla financieramente y, como resultado natural, secuestrar a sus estudiantes en los claustros de las universidades privadas que eran “estables” y “seguras”, aunque con un perfil académico muy bajo y laxo. Ese marco bélico casó con la redefinición de las políticas públicas que signan al Estado neoliberal (mezclado con un Estado contrainsurgente) y con la presencia de empresas privadas interesadas, incluidas empresas transnacionales, en el “negocio” de la educación superior. Así se vuelve inteligible la pauperización del sistema educativo público en general debido a la presencia de intereses extra-académicos fundados exclusivamente en el lucro: colegios privados, universidades privadas, consultoras, fundaciones de investigación, encuestadoras… que venden la ilusión de que la educación e investigación privadas son mejores que las públicas, lo cual es totalmente falso.
Con esas premisas se puede sondear el dédalo privatizador: los procesos político y económico de readecuación y posicionamiento de la burguesía (digo “burguesía” para evadir la verba falaz de: “sector privado”) que participa en –y de- la oferta educativa superior para: formar mano de obra calificada y acrítica; súbditos ideológicos que creen en la neutralidad de “la sangre azul”; consumidores ignotos y empedernidos hasta el punto del embargo de sus salarios; clientela electoral ingenua que se compra con delantales, frijoles, gorras y promesas de 100 días… así de perverso. El análisis en ese punto parte de esta premisa: la empresa privada reacciona -en términos de fortalezas y oportunidades que le hacen agua la boca- a la sumisa agenda de cambio institucional inducida por los gobiernos de derecha o derechizados. Lo anterior tiene dos caras en lo inmediato: la falta de atención –en cantidad, recursos y calidad suficientes- del sector público en la educación, pues a medida que el Estado desampara o reduce significativamente su oferta de estudios universitarios (según las necesidades de la población, ante todo la trabajadora) le abre lugar o le barre el mercado a la insaciable participación de la empresa privada para que haga de la universidad un negocio redondo, con subsidios y con acumulación vertical: cuotas, intereses por mora, sueldos bajos, aranceles por todo, venta de libros de texto, fotocopias, cafetines, parqueos, uso de laboratorios, seminarios pagados obligatorios, cuadernos, ropa, excursiones obligatorias, etc. No obstante dejarle las manos libres a la empresa privada para que exprima a los estudiantes y explote a sus empleados, el Estado camufla el desamparo a la universidad pública supuestamente “acreditando” y “supervisando” a las universidades privadas (poniéndolas en igualdad de condiciones que aquella) con lo cual el sistema público se acerca al discurso de calidad-competitividad que solapa y sostiene ideológicamente la definición de las políticas universitarias rumbo a su privatización virtual o real.
