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Oscar López
@OscarCoLatino
Representantes de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos(APB), pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada, que facilite el acceso a familiares y sociedad a los archivos militares, para dar con el paradero de niños desaparecidos durante el conflicto armado.
“El ministerio de la Defensa, ha mostrado una actitud reacia a facilitar el conocimiento de los hechos, ejemplo de ello es el Hábeas Corpus 323 del año 2012, en el que la Corte Suprema de Justicia, exponía que la institución armada negó información para resolver casos de niñez desaparecida y le advertía que aportara elementos objetivos, para conocer la veracidad de la información, no solo que expresara su negativa”, dijo Helí Hernández, abogado de APB.
De igual forma, Pro Búsqueda pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), que agilice las investigaciones de manera “seria, diligente, científica, lógica y exhaustiva”, para determinar el paradero de niñas y niños desaparecidos y sus responsables.
Al respecto, Eduardo García, director de APB, comentó que al negar el acceso a los archivos militares, se hace un daño irreparable a las víctimas del conflicto armado. “Esperamos que con el nuevo gobierno, se de ese mandato que en el Hábeas Corpus 119 del 2016 la Sala de lo Constitucional, no solo ordena al ministro de Defensa que de la información, sino que en el caso de que éste se niegue que sea el Comandante en Jefe el que de la orden”.
García, dijo que el Estado salvadoreño ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Llama la atención que el nuevo ministro de Trabajo esté evitando que El Salvador, entre en la lista negra por violación en el ámbito laboral, pero se les olvida a los funcionarios que El Salvador si está en la línea por violar derechos humanos fundamentales”, manifestó.
Son tres sentencias por desaparición forzada y una por la masacre de El Mozote, además de otro caso que podría llegar a la CIDH, porque no se está dando la diligencia debida para investigarlo, por lo que podría ser el quinto señalamiento contra el Estado salvadoreño.
“Ahí es donde los actuales ministros, presidente y funcionarios públicos, deberían de poner el enfoque, es terrible para el Estado salvadoreño ser señalado como violador de derechos humanos en garantías fundamentales al derecho a la vida, acceso a la información, al debido proceso porque conlleva la desconfianza de otros países”, concluyó García.
