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Yosselyn Gámez
Diario Co Latino
Según el informe de la Comisión de la Verdad, ask illness se trataba de grupos de personas usualmente vestidas de civil, treat fuertemente armadas que secuestraban a integrantes de la población civil y de grupos que consideraban “rebeldes”. Torturaban a sus rehenes, cialis los hacían desaparecer y los ejecutaban. La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, que aglutina alrededor de ocho organismos de derechos humanos realizó la inauguración de la Semana de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Los miembros de estas organizaciones son familiares, madres de una persona desaparecida, asesinada, torturada o perseguida, exigen al Estado salvadoreño que se les haga justicia. Que se investigue y sancione a quienes fueren los responsables para la dignificación de las víctimas, la reparación integral y la sanación espiritual a quienes sobrevivieron.
Piden a la Asamblea Legislativa la ratificación urgente del Estatuto de Roma, como también de la Convención Internacional para la Protección de las personas Contra las Desapariciones Forzadas para la construcción de “un verdadero Estado de Derecho”. Ademas, harán entrega de pieza de correspondencia para que se declare el 30 de agosto como el día del “detenido desaparecido”. En este contexto les acompañó el Procurador para Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, quien dio su pleno respaldo a las demandas de reivindicación de la memoria histórica. Señaló que las instituciones del Estado están obligadas a romper con esa “impunidad institucionalizada” que impera en el país. “La Asamblea Legislativa le ha negado este derecho de justicia a estas organizaciones”, dijo Morales.
El procurador también se refirió al cierre de Tutela Legal, una de las instituciones más importantes en materia de archivos históricos. Hizo un llamado al arzobispo de San Salvador para que desbloquee los archivos y así las víctimas puedan tener acceso y continúen los procesos de investigación. Blanca García, miembro del Comité de Madres y de la Comisión Pro Memoria Histórica, es una de las muchas personas que desde 1993 piden justicia al Estado. Su madre fue miembro fundadora de del comité en 1977. Se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron y que “se siguen cometiendo” y que es necesario se reparen los daños “no con el objetivo de venganza sino de lograr una paz con justicia”. La comisión indica algunos derechos principalmente violentados con la desaparición forzada, como el derecho a la seguridad y dignidad de la persona; a no sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; a tener condiciones humanas de reclusión; a un juicio justo; a la identidad; el derecho a conocer la verdad de las circunstancias de la desaparición.
