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@RosmeriAlfaro
Para el presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (COMTRADEFOP), Ricardo Soriano, el no pago de pensiones del mes de abril no solo es culpa del Gobierno en funciones.
El impago comenzó al vencerse el pasado 7 de abril, cuando el Gobierno anunció que no tenía el dinero para cancelar $3 millones que se vencían ese día y se declaró en impago. En abril el ejecutivo debe pagar $55 millones a los fondos de pensiones.
La deuda comenzó a generarse en 2006, cuando el último Gobierno tomó dinero prestado de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
Esto se hace a través del mecanismo de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el cual obtiene su dinero de la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP).
“Ha habido muchas historias, el PCN jugó con el INPEP, después el PDC, después llega ARENA, entonces, yo creo que todos tienen un poco de culpa porque todo se ha ido acumulando”, dijo.
“Debe haber un Gobierno visionario para ver como se le deja menos carga al siguiente. El Gobierno actual tiene una papa caliente pero es de ver como todos pueden aportar”, manifestó en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentaron un documento pididendo que mientras exista la situación de no pago se suspenda la compra de CIP.
El Ministerio de Hacienda ha lamentado en reiteradas ocasiones que, en la sesión plenaria del pasado 6 de abril, pese a contar con un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el grupo parlamentario de ARENA no asumiera el compromiso político de incorporar al Presupuesto General del Estado la asignación presupuestaria para el pago de pensiones.
De la emisión de $282 millones en bonos, $230 millones serían destinados al pago del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y $52 millones para apoyar al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), con el pago de sus obligaciones de pensiones.
De acuerdo con la cartera de Estado esta asignación presupuestaria no se incluyó en el Proyecto del Presupuesto General del Estado del ejercicio fiscal 2017, ya que el pago estaba financiado con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, del Decreto Legislativo nº 497, cuyos efectos fueron suspendidos en noviembre de 2016, por fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La institución asegura que el GOES, por medio del Ministerio de Hacienda, dispone de los mecanismos financieros necesarios para hacer el pago de la obligación correspondiente, de lo que no disponen es de la asignación presupuestaria que permita realizar dicho pago.
Para algunos sectores es importante que la clase política entienda que el país no necesita verse afectado en su calificación de riesgo por lo que es necesario se subsane la situación impago de más de $3 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) y se tomen medidas para que no vuelva a suceder. De acuerdo con el Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, hasta la fecha el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales ha pagado 1,016 millones de dólares en CIP, $569 millones en concepto de interés y en amortizaciones de capital $447 millones.
