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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Nosotros estamos aquí porque queremos ponerle a nuestros familiares una flor, poder visitarlos en la tumba. Yo sufrí cuando me tocó andar (huyendo) con los niños. Han sufrido los niños y yo, pero sigo sufriendo de ver que allí los tienen, como cuando es una cosa y nunca dicen si van hacer algo para devolverlos y esto es lo que pedimos solamente, darles sepultura y poder ponerles una florcita.
Quienes hicieron eso fueron los Escuadrones de la Muerte, igual cuando la gente caza un animalito y lo mata, mi hermano y mis primos hermanos que hasta alambres les pusieron y ellos, no le hacían daño a nadie, pero los mató el odio”, reseñó Reina Isabel Fuentes, sobreviviente.
La Asociación Pro Búsqueda, el Centro de Promoción para los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Fundación para la Justicia, acompañaron a familiares de víctimas de la Masacre de Canoas, para un procedimiento de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
Claudia Interiano, coordinadora de la Fundación para la Justicia; junto a Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, y el Centro de Promoción para los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, expusieron que el procedimiento de amparo, en los casos en las masacres de Canoas en Metapán y Texistepeque, Santa Ana, ocurridas entre los años 1980 y 1982, durante el conflicto armado, han retardado la justicia a familiares de víctimas.
Señalan que la demanda de amparo es por falta de la debida diligencia de identificación de 33 personas, quienes fueron asesinadas, durante el conflicto armado. Así como, la omisión debida de los hechos causantes de su muerte.
Asimismo, detallaron el estado de incertidumbre jurídica que ha generado la inconclusa exhumación, iniciada en los años de 2007 al 2008, debido a que los restos óseos están en calidad de depósito, desde el año 2016.
“El informe forense de Medicina Legal, del equipo antropólogo que fue excelente hicieron un gran trabajo, que daría por terminada la identificación plena de las personas. ¿Qué ha pasado aquí? que otra instancia del Estado como es el Instituto de Medicina Legal, que debe encargarse de los análisis genéticos ha sido renuente a hacerlos, con excusas que no tienen la capacidad económica, desde el 2007”, dijo García.
Asimismo, comentó que Pro-Búsqueda ofreció colaborar para el análisis de muestras en laboratorios extranjeros en caso que fuera por falta de recursos e incluso hubo un ofrecimiento del Equipo de Antropología Forense de Argentina, con las pruebas genéticas.
“Al final, Medicina Legal y la Fiscalía tienen en desamparo a los familiares de 33 osamentas, que no han podido recibir una sepultura digna a los que han sido identificados por sus familiares desde el 2007, y ahora estamos en el 2020. El Estado le ha fallado desde que se cometieron los asesinatos, porque fueron estructuras del Estado, clandestinas y la Fuerza Armada la que los asesinó en 1980 y 1982”, sostuvo García.
Mientras, Claudia Interiano -coordinadora de la Fundación para la Justicia- señaló que la Fiscalía General de la República, Santa Ana, de manera inesperada, le comunicó a familiares de las víctimas que no podían entregar las osamentas, porque había que identificar e iniciar investigaciones .
“Ese día era importante porque esas familias, recibirían esos 33 restos óseos, pero tuvieron que regresar a sus casas o los países donde residen actualmente, con un impacto emocional muy grande, porque no pudieron realizar los homenajes póstumos de sus familiares y son casi diez años que han tenido esas cajas en vano”, afirmó Interiano.
