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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
Hasta el 10 de junio, los plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren, estarán suspendidos.
El pasado domingo, la Asamblea Legislativa aprobó la disposición a fin de “dotar de certeza jurídica los procesos judiciales y administrativos”, ante la actual situación climática, generada por la tormenta tropical Amanda.
Según fuentes legislativas, la iniciativa “suspende el plazo y celebración de audiencias de la Jurisdicción Penal Común y Jurisdicciones Especializadas en materia penal; aplicándose también a las audiencias que se celebran en sede administrativa inclusive aquellas programadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública”.
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro comunicó que el decreto ya fue llevado a la Presidencia y será sancionado y publicado.
“Los tribunales de justicia siguen cerrados, a excepción de los jueces que necesiten llegar a trabajar, pero no hay plazas abiertas, todas están suspendidas por 10 días”, reiteró el funcionario.
Cabe destacar que esta no fue la única medida aprobada por el pleno legislativo este fin de semana. El sábado, los legisladores aprobaron la Ley Especial Transitoria de Atención de Emergencia por la Pandemia de COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
La ley establece que la reactivación de la actividad productiva nacional se hará de forma gradual a partir del 8 de junio, en el sector privado, y en el público a partir del 15 de junio.
Antes de su aprobación, el presidente Nayib Bukele anunció que vetaría la ley, alegando que es inconstitucional porque no cuenta con un acuerdo total entre ambos poderes de Estado.
“Tenemos un requisito, guardar una cuarentena estricta, sobre todo ahora que nos encontramos en la fase 3 de contagios masivos. No renunciamos a nuestra propuesta de reactivación económica pero mientras no estemos sintonizados y entre todos no colaboremos a que se rompa la cadena de contagio, nuestra propuesta de reactivación estará en segundo plano, en el primero está la vida”, manifestó en conferencia la comisionada presidencial, Carolina Recinos.
De no ser sancionada la ley, el país se encontraría nuevamente sin un marco jurídico para la atención de la pandemia del COVID-19, que ya supera los 2,580 casos positivos y que hasta el lunes en la madrugada había provocado la muerte de 46 salvadoreños.
