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Procesan a vicepresidente de Argentina por caso de corrupción

Por Paula Bustamante
Bueno Aires/AFP

El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue procesado por «cohecho» y «negociaciones incompatibles» en una causa por corrupción relacionada con la compra de una imprenta de papel moneda para el Estado cuando era ministro de Economía, informaron fuentes judiciales el viernes en la noche.

El segundo en el gobierno de la presidenta centroizquierdista Cristina Kirchner se convirtió así en el primer vicepresidente en funciones de la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. Boudou se encuentra de viaje en Cuba y tenía previsto regresar al país la próxima semana.

El juez federal Ariel Lijo acusó a Boudou de usar sus influencias para ayudar a la compañía impresora Ciccone a salir de una quiebra en 2010, cuando ejercía como ministro de Economía, y luego adquirió la empresa a través de un misterioso fondo de inversión llamado The Old Fund, indicó el fallo.

Antes de viajar, el vicepresidente solicitó al juez el viernes por la tarde una audiencia para ampliar su testimonio en este caso, pero se desconocía que emitirían el procesamiento.

«Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa ‘Ciccone Calcográfica’ a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública», señala el texto de la resolución judicial, de 333 fojas.

Además de Boudou, el juez Lijo acusó a un socio y un supuesto testaferro de la operación, así como a otros tres implicados en el caso, informó el Centro de Información Judicial (CIJ), sitio de las noticias oficiales del Poder Judicial en Argentina.

La decisión del juez señala para los seis implicados un «procesamiento sin prisión preventiva» y ordena un embargo por 200.000 pesos (unos 25.000 dólares) sobre los bienes de Boudou, indicó la misma fuente que divulgó el procesamiento pasada la medianoche del viernes.

Boudou, de 51 años, había declarado como imputado en este caso por más de siete horas el pasado 9 junio.

El vicepresidente sostiene que es víctima de una campaña política y de medios de comunicación que buscan opacar el éxito del acuerdo alcanzado el mes pasado con el club de París y asegura que demostrará su inocencia.

El juez citó para el 16 de julio a Boudou para que amplíe su declaración indagatoria, tal como había solicitado el propio vicepresidente.

Hasta el momento los máximos portavoces del gobierno de Kirchner han expresado su respaldo a Boudou, aunque no reaccionaron al fallo de las últimas horas.

El origen del caso

La citación judicial inicial apuntó que el vicepresidente «junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras era ministro de Economía (2009-2011, durante el primer mandato de Cristina Kirchner), a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial».

Boudou, quien accedió a la vicepresidencia en 2011 tras ganar la fórmula encabezada por Kirchner con 54% de los votos, negó en su testimonio ante el juez la relación con Vanderbroele.

Pero en la resolución el juez Lijo consideró probada la relación entre Boudou y Vanderbroele.

Los otros acusados en la causa son José Maria Nuñez Carmona, Rafael Resnick Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone.

Tanto Boudou como Nuñez Carmona y Vanderbroele están acusados de «cohecho pasivo en concurso ideal», relativo a sobornos, mientras Ciccone y Reinwick fueron procesados por «cohecho activo» con prohibición de salida del país sin autorización judicial.

Varios políticos de la oposición aplaudieron el procesamiento y pidieron que Boudou sea apartado del cargo.

«Tener procesado al número dos del país no es una buena noticia», dijo el presidente del partido Unión Cívico Radical (UCR), Ernesto Sanz.

Sin embargo, agregó, esta resolución «habla bien de la Justicia, pero no de los funcionarios que eligió la Presidenta. Ella fue la que lo eligió como vicepresidente. Ella, políticamente, es responsable de esta situación», acusó Sanz.

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