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El proceso democrático sobre el Código comenzó el 1 de febrero y avanzó esta semana con la realización de asambleas en las cuales la población expresa sus propuestas sobre el texto legislativo, en proceso que se extenderá hasta el 30 abril.
Posteriormente todas las opiniones serán valoradas por la Asamblea Nacional del Poder Popular para la redacción del documento que será sometido a referendo con la asistencia de más de siete millones de electores, para su definitiva aprobación.
A juicio de las autoridades y de especialistas, el Código tiene un marcado carácter inclusivo, es respetuoso con los tratados internacionales y reconoce derechos a cada persona en el ámbito familiar, sin pretender imponer modelos y recogiendo toda la diversidad de la sociedad cubana del presente.
En paralelo, a todo lo largo de la semana La Habana fue centro de debates académicos con la participación de unos mil 500 delegados de más de 40 naciones en el Congreso Internacional Universidad 2022.
Este año el evento, en su decimotercera edición, abordó estrategias para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19, el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, la conexión de la ciencia con los programas de desarrollo nacionales y la formación de profesionales, entre otros temas.
El congreso contó además con una activa participación del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien recibió a delegaciones visitantes, participó en la clausura y también en la inauguración del encuentro con la conferencia “Gestión de gobierno basada en ciencia e innovación: avances y desafíos”.
Otro foco de atención fue el comienzo el lunes en esta capital de un juicio a 33 imputados por participar en acciones violentas y vandalismo los pasados 11 y 12 de julio.
Esos hechos fueron expresión de la guerra mediática y económica lanzada contra Cuba desde Estados Unidos con el fin de provocar un cambio de gobierno en la isla.
Las autoridades cubanas han reiterado que esos juicios se atienen a las normas legales vigentes para el debido proceso y en las sesiones se mostraron pruebas de que los imputados no eran “manifestantes pacíficos” sino todo lo contrario.
Durante la vista, acusados expresaron incluso su arrepentimiento por la participación en los desórdenes públicos, y familiares de detenidos confirmaron la transparencia y legalidad del proceso en el tribunal, según imágenes ofrecidas por la televisión local.
Se aclaró además que en todas las sesiones realizadas hasta ahora no fueron juzgados menores de 16 años de edad –como alega la matriz de opinión lanzada desde el extranjero-, pues el Código Penal vigente establece que la responsabilidad penal es exigible a la persona natural solo a partir de esa edad en el momento de cometer el delito.
