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Redacción Nacionales
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Organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se pronunciaron este miércoles sobre la detención provisional ordenada por el Juzgado Primero de Paz de San Salvador en contra de Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del TSE y crítico del Gobierno de Bukele, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Las organizaciones consideran que se trata de “persecución y venganza política”.
Es de recordar que el pasado 28 de febrero, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Eugenio Chicas. “Consideramos que dicha resolución confirma que este caso es una persecución judicial por motivos políticos”, dijeron las organizaciones en un pronunciamiento.
Entre las organizaciones están: Socorro Jurídico Humanitario (SJH), El Comité de Familiares de Personas Presos y Presas Políticos de El Salvador (Cofappes) y Colectivo Libertad; estas afirmaron que “el proceso es jurídicamente irregular, ya que se realiza de manera paralela al proceso civil sobre supuesto enriquecimiento ilícito, sobre el cual aún no existe una condena definitiva, debido a apelaciones pendientes en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por tanto, en la práctica, constituye un juicio paralelo y un doble juzgamiento”.
Es de recordar que, en noviembre de 2024, Chicas fue condenado en un proceso civil, a reintegrar más de $200 mil dólares al Estado. Chicas fue demandado en su calidad de ex magistrado presidente del tribunal supremo electoral entre el 2009 y el 2014, como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República y en su calidad de diputado propietario del Parlamento Centroamericano, en diferentes períodos comprendidos entre el año 2011 al 2021. Este caso fue calificado como “Persecución política”, pero que Chicas estaba dispuesto a enfrentar y demostrar su inocencia.
Al exfuncionario se le demandó por supuestas 15 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, relacionados a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, y fue condenado a restituir al Estado $173,705.57.
“No hay ninguna duda de que se trata de una burda persecución que tiene como objetivo mantener a Eugenio Chicas en la cárcel. Esto se confirma con la negativa del referido tribunal a otorgar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva solicitadas por la defensa”, dijeron las organizaciones.
Reiteraron que dicha “persecución”, se debe a “una venganza personal del presidente Nayib Bukele y a las críticas de Eugenio Chicas contra las violaciones de derechos humanos, la corrupción y los abusos de poder del actual gobierno. Además, el hecho de que él es un testigo clave de la defensa de los ambientalistas de Santa Marta y ADES”.
Hace seis años, Eugenio Chicas le ganó a Bukele una demanda por difamación, por lo que Bukele tuvo que entregarle $50,000.
Lourdes Palacios, coordinadora de COFAPPES, sostuvo que el momento que atraviesa tanto Chicas como la familia “es duro”. “Nosotros consideramos que la captura de Eugenio es producto de la venganza política, tal como (él) lo señaló, el día jueves en que pudo expresar a distintos medios de comunicación en la sede de los tribunales esa circunstancia”.
“Es una venganza política ejecutada por Bukele y su entorno. Y esta venganza política de hace más o menos seis años, (y también) cuando él estuvo presente en las comisiones legislativas, donde no se le demostró nada (sobre tema de sobresueldos) donde no se le pudo comprobar absolutamente ningún abuso ni irregularidad en el manejo de los fondos públicos, él salió invicto de esa situación, como también le ganó la demanda a Bukele por difamación. Entonces, ahí tenemos las razones porque es una venganza política la que se está ejecutando ahora contra Eugenio Chica”, comentó Palacios.
Ramón Rosales, director de Asuntos Jurídicos de SJH, señaló que como organizaciones llaman a la sociedad salvadoreña a no permanecer indiferente ante la “persecución descarada contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, activistas sociales y demás personas que el régimen autoritario quiere apartar”.
Las organizaciones responsabilizan directamente al Juzgado Primero de Paz de San Salvador lo que le pueda suceder a Eugenio Chicas en prisión; y exigieron a las autoridades penitenciarias, y al propio Nayib Bukele, el respeto a su integridad y a su vida.
A juicio de Lourdes Palacios, la situación que se vive con Eugenio Chicas, también “lo vive la misma sociedad salvadoreña con el régimen de excepción y represión”.
“Esta sociedad salvadoreña que perdió el rumbo de la democratización que se venía construyendo y es un momento también difícil para todas aquellas personas que por hoy tienen a privados de libertad, inocentes en el sistema carcelario de El Salvador, que es el peor sistema carcelario de toda América Latina”, concluyó.
