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Redacción Nacionales
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La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) celebrada en la Ciudad de México, señaló que en El Salvador se ha instaurado un régimen que viola los derechos humanos, criminaliza y persigue a la oposición política, líderes comunitarios y sindicales, el libre ejercicio del periodismo independiente y a toda voz crítica.
Durante la reunión plenaria, la COPPAL denunció que los procesos judiciales viciados han pasado a la imposición de condenas cargadas de revanchismo, como la pena de 18 años de cárcel impuesta contra el ex ministro de la Defensa David Munguía Payés.
Así como el ex presidente Mauricio Funes, por propiciar una tregua entre las pandillas con el objetivo de detener los homicidios; de igual modo que una condena de 18 años de cárcel impuesta contra Francisco Salvador Hirezi, del FMLN, uno de los alcaldes más prestigiosos de El Salvador.
“El cardenal Gregorio Rosa Chávez denunció que en El Salvador hay un régimen de terror, al referirse a la situación del país donde se observa, además, la instrumentalización política de las fuerzas armadas y de seguridad pública”, indicó la COPPAL.
Los últimos cuatro años significaron el escalamiento de una política caracterizada por la ocupación militar y policial de la Asamblea Legislativa, el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
Con la consiguiente imposición de otra Sala de lo Constitucional y de un fiscal general absolutamente dependientes del poder Ejecutivo, violentando las normas constitucionales y las leyes. A ello se añade la destitución arbitraria y acoso a jueces y magistrados, rompiendo con todas estas medidas, el principio de la separación e independencia de poderes y especialmente de la independencia judicial.
A criterio de COPPAL, el quebrantamiento de la Constitución y el desmontaje progresivo del Estado Constitucional de Derecho ha significado una reversión y desmantelamiento de las conquistas democráticas de los Acuerdos de Paz, con la consiguiente concentración de los poderes del Estado en el presidente de la República, quien ha instaurado un régimen que viola los derechos humanos, criminaliza y persigue a la oposición política, líderes comunitarios y sindicales, el libre ejercicio del periodismo independiente y a toda voz crítica.
Asimismo, la COPPAL recordó que los tres relatores especiales de la ONU pidieron al Estado salvadoreño la derogatoria del Régimen de Excepción, la exigencia dirigida al gobierno de El Salvador desde Ginebra, el 22 de mayo recién pasado, fue suscrita por el Relator Especial sobre Ejecuciones.
Los expertos de la ONU expresaron su consternación ante la prolongación del Estado de Excepción en El Salvador, que ahoga libertades, garantías y derechos constitucionales, manteniendo a su población en una situación de desprotección jurídica, retrotrayendo al país hacia un pasado dictatorial que se creía superado tras la firma de la Paz.
“Los relatores destacan que el Estado de Excepción socava el derecho a un juicio justo y piden sea derogado inmediatamente, al pronunciamiento de COPPPAL y de las Naciones Unidas se han sumado en este período, los consistentes señalamientos a la violación de los Derechos Humanos en El Salvador, por el presidente de la República de Colombia Gustavo Petro, lo mismo que el pronunciamiento crítico del presidente chileno Gabriel Boric”, manifestó.
Luego de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con el objetivo de impedir que ésta presentara sus investigaciones sobre actos de corrupción del gobierno, se prohibió por decreto y de manera expresa al fiscal general, la investigación de los negocios de gobierno durante la pandemia, a fin de blindar a sus funcionarios ante el cometimiento de cualquier ilícito y actos de corrupción.
Demolidas la contraloría social, la institucionalidad de la transparencia, el acceso de la ciudadanía a la información pública hoy como en el pasado, ésta vuelve a ser por definición reservada, prohibida y secreta.
La más grave ruptura del orden constitucional inició el 3 de septiembre 2021, cuando la Sala de lo Constitucional dependiente del Ejecutivo, incorporó una resolución fraudulenta, seguida por otra del Tribunal Supremo Electora (TSE), igualmente controlado, que pretenden abrir posibilidades a una burla de la Constitución, apoyando la postulación del presidente actual a la reelección.
La COPPAL expresó su preocupación ante el agravamiento de la situación en El Salvador, y el riesgo de una ruptura total del orden constitucional; instó a la comunidad internacional a pronunciarse respecto a la amenaza de un quebrantamiento total del Estado Constitucional de Derecho en El Salvador, que significaría una eventual transgresión a las prohibiciones establecidas en la Constitución, relacionadas con la postulación y reelección del presidente de la República.
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